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Provincia de Cádiz

La construcción recupera el ánimo en la provincia

El sector se parapeta para no incurrir en los errores del ‘boom’ del ladrillo.

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  • Una nueva promoción de viviendas en Jerez -
  • Consideran que en 2020 podrían alcanzar de nuevo la estabilidad, aunque demandan para ello más obra pública
  • Apenas operan 200 empresas frente a las 700 instaladas en la provincia en 2007

Han transcurrido diez años desde el estallido de la crisis económica. Recordar aquel momento parecería la sipnosis de una película de terror psicológico si no fuera porque directa o indirectamente todos nos vimos sometidos a su sacudida y, peor aún, a sus consecuencias: un drama real. Uno de los sectores más castigados -también señalado como culpable o copartícipe- fue el de la construcción, obligado a realizar desde entonces una larga travesía por el desierto de la que han sobrevivido solo los mejor preparados.  

En 2007 había en la provincia más de 700 empresas de construcción. Hoy día no llegan a las 200, entre las que desaparecieron y las que se marcharon. Peor aún: entre todas esas empresas daban empleo a más de 25.000 personas, de las que apenas siguen en el sector algo menos de la mitad. “Fue la crisis de la avaricia. Nos creíamos la séptima potencia del mundo y todos querían prosperar, aunque ni fue el sector culpable, ni el origen de la crisis, sino una víctima más”, reconocía esta semana Jorge Fernández, secretario general de la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de la provincia de Cádiz (FAEC), en el espacio A compás de Ondaluz TV, quien apuntó igualmente a la falta de “profesionalización” de muchas empresas: “Si hubieran tenido estructuras más sólidas, se podría haber superado la situación. Ahora se habla de internacionalización, de modernización, digitalización..., pero entonces hubo muchas personas que crearon sus propias empresas de construcción porque se ganaba dinero”. “El sector está ahora más parapetado y más profesionalizado que entonces y existen barreras de entrada para frenar a los advenedizos. Los controles son más estrictos”, apunta.

Pero, ¿se palpa ya la recuperación en el sector de la construcción a nivel provincial?. Fernández asegura que no. “Es más un estado de ánimo que de recuperación”, pero calcula que aún deberán pasar dos o tres años hasta que se pueda hablar de nuevo de estabilidad en el sector. Entre otros motivos porque persisten los desequilibrios. Así, reconoce que el sector residencial privado “está contento” en estos momentos, en los que vuelven a anunciarse nuevas promociones de viviendas, en especial en la zona del litoral gaditano, pero también en grandes ciudades. Pero el sector de la construcción “pura y dura”, que se dedica a realizar obra pública y a presentarse a las licitaciones públicas, lo está pasando “regular”, pese a que según datos de la administración, el año pasado se incrementara en un 48% el número de licitaciones, “y es que partimos de niveles bajísimos”.


“La obra pública no está aún al nivel deseado, y esta provincia necesita un empujón al respecto”, así como pone de manifiesto el “déficit de infraestructuras” con el que nos encontramos en este momento. “No estamos hablando de hacer siempre grandes obras; en la licitación pública también entra la construcción de una depuradora o la reforma de un colegio, y necesitamos más obra pública, porque además el sector de la construcción es el que ayuda a crear empleo más rápido, pero para ello necesita de esas obras”.

Ésa sigue siendo una de las grandes reivindicaciones del sector en este momento: la inversión en infraestructuras, “porque las podemos construir y también se genera crecimiento”, para lo que pone de ejemplo las obras de dos carreteras aún pendientes y que pueden contribuir al desarrollo económico de sus áreas de influencia, como son la Vejer-Algeciras o la Arcos-Antequera, cuyo desdoble, iniciado en Jerez, lleva años paralizado por parte de la Junta de Andalucía pese a los compromisos públicos existentes con dicho trazado, fundamental para el futuro de la Sierra de Cádiz y su conexión con el centro de Andalucía.

Por lo que respecta a la construcción residencial, aún se está a niveles bajos, pese al incremento que han deparado las cifras a nivel nacional en lo que va de año. Así, de las 9.000 viviendas visadas el año pasado en España, hasta marzo de este año ya se habían superado las 12.000. “En cualquier caso, vamos hacia un mercado autorregulado”, expone el secretario general de FAEC, “y ahora veremos si hemos aprendido la lección”, en alusión al momento del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Rehabilitación

Desde que se produjo ese momento y hasta hace poco, las empresas de la construcción que lograron sobrevivir lo hicieron gracias a su adaptación a la realidad del mercado. Así, desde 2010, la rehabilitación se convirtió en el refugio de muchas de esas empresas, que reorientaron su actividad, ya que se ha rehabilitado más que se ha construido, “y hoy día sigue teniendo un peso importante”.

Para encontrar nuevas oportunidades en el caso de la construcción de viviendas hay que mirar sobre todo hacia la costa, muy atractiva de cara a las personas que quieren adquirir una segunda residencia, pero, también, de cara a clientes extranjeros que se están fijando en nuestra provincia para establecerse o contar con otra vivienda en nuestro país.

A este respecto, la propia Federación de Empresas Constructoras está trabajando de cara a “posicionar nuestra provincia como destino turístico residencial. Todavía no se nota la repercusión como en el caso de la Costa del Sol, pero es una opción en la que estamos trabajando”.

Lo que no ha cambiado desde los años de bonanza hasta la actualidad es la cuestión de la concesión de licencias; en especial, lo que denominan como “agilidad administrativa”, que según opina Jorge Fernández, “tiene un enorme margen de mejora”, e invita a hacer autocrítica a las administraciones.

Es más, han creado mesas de trabajo con algunos ayuntamientos para analizar las situaciones e identificar dónde están los problemas, de manera que todo se pueda agilizar y el proceso de solicitud no tenga que demorarse, en circunstancias normales, más allá de uno o dos meses, frente a ayuntamientos en los que la tramitación de la licencia se ido más allá de los nueve meses.

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