El Ayuntamiento de Jerez ha garantizado el funcionamiento de las entidades locales autónomas (ELA) que se están viendo afectadas por la reincorporación de funcionarios a la plantilla municipal.
En este sentido, el Gobierno local avanza su intención de articular “una solución provisional” que permita atender a las ELA “hasta que puedan convocar procesos para dotarse de su propio personal”.
De este modo, se “auxiliará” a las entidades locales “de forma transitoria” mediante un mecanismo que permita cumplir la sentencia que amparaba la reincorporación de funcionarios a la plantilla municipal “y seguir prestando los servicios sin que puedan derivarse responsabilidades para ninguna de las partes”.
El Gobierno local mantiene por tanto su “firme compromiso” de colaborar con las ELA, pero deja clara su intención de continuar con el proceso de regularización, “dando cumplimiento a la sentencia que establece que no debe mantenerse la prestación de servicio a las ELA por parte de trabajadores del Ayuntamiento matriz y que es el Ayuntamiento matriz quien tiene la potestad de decidir sobre su destino y funciones”.
Este proceso de regularización “trata de corregir una situación irregular” que se traduce en “una cesión ilegal de trabajadores pagados con las arcas municipales” con la que “se encontró” el Gobierno que preside Mamen Sánchez, lo que va a permitir “afrontar las necesidades de personal existentes en todos los servicios tras el ERE realizado por el PP y las jubilaciones que se van produciendo en la plantilla”.
El Gobierno local ha solicitado un escrito a los presidentes de las ELA en el que acaten la sentencia, argumenten las razones por las que en estos momentos no podrían llevar a cabo la convocatoria pública de plazas para dotarse de su propio personal y pidan al Ayuntamiento alguna fórmula que garantice la prestación de los servicios.
El origen de esta situación parte de un recurso interpuesto por la ELA de La Barca de la Florida contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 20 de septiembre de 2018 que acordó la movilidad de dos trabajadores que estaban adscritos a esa entidad como conserjes desde 1996 y 2004, respectivamente.
