"La última sentencia notificada por el Juzgado de lo Social, hace que las 16 Auxiliares de Ayuda a domicilio despedidas en agosto de 2016 han conseguido de los Tribunales de Justicia les dieran la razón, calificando 15 despidos improcedentes y 1 nulo (por razón de embarazo). El coste laboral incluidas las cotizaciones de Seguridad Social, desde la fecha de los despidos es de 500.000 euros y el consistorio prefiere la opción de abonar salarios sin realizar trabajo alguno, en lugar de readmitirnos y realizar nuestros servicios hasta las resoluciones firmes de las sentencias", indica el colectivo en una nota.
Apuntan que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, "manifestó durante el Pleno de la Corporación de mayo de 2017 “que hasta las sentencias no sean firmes, no tiene obligación a cumplirlas”. A través de Autos Judiciales en diferentes Juzgados de lo Social sobre los procedimientos de Ejecuciones Provisionales de estas sentencias, vienen ordenando la opción del Ayuntamiento de Estepona a la readmisión en nuestros puestos de trabajo o el abono de atrasos y mensualmente las nóminas. El último requerimiento de fecha 20 octubre de 2017. Hasta el momento, el Consistorio viene desobedeciendo las resoluciones judiciales sobre los procedimientos de ejecución provisional de las sentencias, sin readmisión en nuestros puestos de trabajo ni el abono de salarios".
Las trabajadoras despedidas solicitan al equipo de Gobierno del PP en Estepona, su readmisión "que evite el desembolso económico que supone un coste salarial de 30.000 euros mensuales sin realizar trabajo alguno, lo que redundaría en un importante ahorro para las arcas municipales. Al menos, hasta las resoluciones firmes de las sentencias, que evite este conflicto laboral por una decisión política errónea y personal del alcalde de Estepona, cuyas consecuencias las están pagando los ciudadanos".
Por otra parte, las trabajadoras piden al alcalde de Estepona que "desista en resolver los conflictos en los Juzgados y hagan uso del diálogo y la negociación, que impida el despilfarro económico que supone para los ciudadanos y lamentan que no dejara otra alternativa que acudir a la vía judicial para defender nuestros derechos que estaban fundamentados jurídicamente, como demuestra las 16 sentencias favorables que nos dan la razón. Muchas de ellas, ya confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga. Aunque, nuevamente recurridas por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo con los costes que ello conlleva".
