El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha suspendido la comparecencia del exconsejero madrileño Francisco Granados por la querella que interpuso contra él la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, porque la Policía no le ha localizado en su domicilio para entregarle la citación judicial.
Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha aplazado hasta nueva fecha la declaración de Granados en calidad de investigado por la querella que presentó contra él Cifuentes por injurias y calumnias tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que investiga la trama Púnica.
Granados estaba citado a las 10.30 horas pero el juez ha suspendido su comparecencia al no presentarse en el juzgado.
La Policía se personó en el domicilio facilitado por Granados pero no pudo localizarle en el mismo y, por tanto, entregarle en mano la citación judicial, según explican las fuentes.
Se da la circunstancia de que Granados se encuentra en libertad provisional por la trama Púnica con la medidas cautelares de comparecencias en el juzgado dos veces al mes, los días 1 y 15, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.
Cifuentes se querelló contra Granados después de que éste dijera al juez García Castellón que la actual presidenta madrileña conocía una "caja B" con la que se pagaron gastos de "refuerzo" de las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011.
En esa declaración, el exconsejero -considerado uno de los principales cabecillas de la trama Púnica- añadió que Cifuentes se jactaba de que era la que mandaba en el PP madrileño "por orden del señor González", quien, junto a Aguirre, controlaba todo lo que se hacía en el Gobierno autonómico.
Era "la persona, las manos, los oídos, en fin, la voz ejecutiva en el partido del señor González", aseguró.
Según la querella de Cifuentes, las acusaciones de Granados no se basan en "el legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria".
También considera que encajan en el tipo penal de la calumnia al "pretender" relacionar a Cifuentes "con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad".
En sus declaraciones, Granados comentó que Cifuentes mantenía una estrecha relación con el expresidente madrileño Ignacio González.
Por ello, la querella apunta a un posible delito contra la integridad moral al entender que ha habido "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que supone una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".
