Las dos iniciativas más propias del PSOE que del PP, a juicio de Bono y Borrell, han sido el código del buen gobierno por el que los bancos que se adhieran al mismo -y prácticamente lo han hecho todos- aceptarán la donación en pago de la vivienda por parte de quienes, víctimas de la aguda crisis económica, sean incapaces de seguir pagando por más tiempo el préstamo hipotecario suscrito en la época de las ‘vacas gordas’; y, en segundo lugar, el pago a los proveedores por el conjunto de las Administraciones Públicas de las deudas contraídas con anterioridad al año 2012: unos 17.000 millones de euros por los 5.000 ayuntamientos morosos -ahora se está en el proceso de ajuste final de las cifras- y unos 18.000 millones por las diecisiete comunidades autónomas.
Una idea de Montoro
Como este dinero adeudado figura desde hace años y años en las cuentas de las Administraciones Públicas y no se trata de un gasto nuevo que genere déficit y ponga por tanto en guardia a las autoridades de Bruselas, al diputado por Sevilla y ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se le ocurrió una jugada maestra que parece la cuadratura del círculo: saldar de un plumazo todo el debe municipal y, de paso, inyectar en el conjunto de las empresas acreedoras una liquidez de 17.000 millones de euros, lo que supone un balón de oxígeno para pymes y autónomos sobre todo y puede contribuir a salvar 100.000 empleos amenazados.
El Gobierno, tras un acuerdo con la banca, ha creado un Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales, cuya misión será la de canalizar un préstamo sindicado por un importe máximo -lo cual no significa necesariamente que haya que agotarlo- de 35.000 millones de euros hacia ayuntamientos y comunidades autónomas que quieran acogerse a este plan.
El préstamo tendrá una duración de cinco años, con dos de carencia para el pago de intereses por parte de los ayuntamientos. Estos, a su vez, dispondrán de un plazo de diez años para el pago del dinero, a un tipo de interés del 5%. Para cubrir la diferencia entre los cinco años del período que dura el préstamo bancario y los diez del plazo que tienen los ayuntamientos para abonarlo, al cabo de un lustro el Fondo para la Financiación de las Administraciones Territoriales tendrá que hacerse cargo del crédito mediante, probablemente, la emisión de deuda, pero se presupone que en un contexto mucho más favorables para España y su prima de riesgo tras el duro ajuste impuesto por Bruselas y con la crisis económica, si no superada, al menos encauzada.
Para los bancos, la operación es un negocio redondo, porque ya disponen de una línea de crédito al 1% para tres años del Banco Central Europeo y lo van a prestar al 5% a las Administraciones Públicas.
Gastos sin partidas
La operación ha permitido conocer con más detalle la magnitud de la herencia recibida por Zoido tras los doce años de mandato de Monteseirín. El anterior alcalde se vanagloriaba de que iba a dejar las arcas de la Hacienda municipal mucho mejor de como se las encontró. Para ello, en las semanas previas a las elecciones municipales el gobierno local de coalición PSOE-IU realizó un auténtico ‘rally’ de reconocimiento extrajudicial de créditos, esto es, gastos realizados sin que hubiera ninguna partida consignada para ellos en los Presupuestos municipales, lo que da idea de que a la hora de la verdad aquéllos no eran más que papel mojado.
Otra forma que tenía Monteseirín de soslayar las partidas presupuestarias era imputar los gastos a las empresas municipales, sobre todo las de comunicación, publicidad y propaganda. En su segundo mandato (2003-2007), el anterior alcalde se gastó 7,5 millones de euros por estos conceptos, fundamentalmente a través de la corporación empresarial. En su tercer y último periodo al frente del Ayuntamiento, el predecesor de Zoido incrementó aún más el dinero dedicado a este capítulo, ya que sólo Emasesa, a cuyo frente puso a su hombre de confianza, Manuel Marchena, canalizó 15 millones de euros a campañas de todo tipo. Manuel Marchena ha sido ahora imputado por la jueza Mercedes Alaya en varias vertientes del caso Mercasevilla.
Maquillaje a última hora
Para maquillar el balance de su gestión, Monteseirín se apresuró en los plenos municipales anteriores a mayo de 2011 a reconocer extrajudicialmente créditos pendientes a los proveedores por valor de 15 millones de euros. En sus diez años anteriores como alcalde había reconocido el pago de 21 millones por este mismo procedimiento. En total, 36 millones de euros gastados sin partida alguna en los Presupuestos, esto es, al margen de los mismos.
Zoido dijo tras llegar a la Alcaldía y empezar a analizar la situación de la Hacienda municipal que había encontrado facturas pendientes de pago que aún estaban expedidas en pesetas, o sea, que eran anteriores a la entrada en vigor del euro hacía por entonces diez años.
Pese al sprint final de Monteserín, los pagos de urgencia afrontados por el nuevo gobierno local nada más aterrizar y los 7 millones consignados en el Presupuesto de 2012 para pagar a proveedores, el plazo del 15 de marzo dado por el Gobierno de la nación para acogerse al plan de abono de deudas ha obligado a aflorar todas las facturas pendientes.
El ‘holding’ municipal
La ‘herencia’ recibida por Zoido en forma de deudas con empresas y autónomos por los servicios prestados al Ayuntamiento asciende a 59,6 millones de euros (en concreto, 59.683.446 euros). En total hay 3.902 facturas sin pagar emitidas por 624 empresarios distintos. Algunas de ellas datan del año 2004, lo que significa una demora acumulada de doce años, tiempo suficiente para llevar a la ruina a pequeños empresarios que se fiaron de la ‘seguridad’ de trabajar para una Administración Pública.
El desglose de deudores dentro del entramado municipal vuelve a poner de manifiesto el papel de tapadera jugado por las empresas municipales y organismos autónomos para descargar de cara a la galería al Consistorio de números rojos:
- La Gerencia de Urbanismo, dirigida durante una larga etapa por el hombre de confianza de Monteseirín, Manuel Marchena, adeuda 17,5 millones de euros repartidos entre 459 facturas.
- Tussam, 8,3 millones de euros en 680 facturas de sus proveedores.
- DeSevilla Digital Tv (Giralda Televisión), el aparato de propaganda televisiva creado por Monteseirín pese a las deudas que ya por entonces acumulaba el Ayuntamiento y que el PP prometió cerrar cuando se hallaba en la Oposición pero que ha seguido manteniendo, 5,5 millones de euros en 771 facturas de proveedores.
Al margen de las empresas y organismos municipales, el Ayuntamiento como tal aparece en la relación con una deuda pendiente de 26,7 millones de euros, repartida entre 1.462 facturas.
Casi tanto como el metro
Si a la deuda del Ayuntamiento de la capital hispalense se le suman las del resto de los 105 municipios sevillanos, el plan de Cristóbal Montoro permitirá inyectar en la provincia de Sevilla 558 millones de euros, según las estimaciones de los autónomos, una cifra casi equivalente (658 millones de euros) a lo que costó construir la línea 1 del Metro. O, dicho de otro modo, todo el dinero adeudado por los ayuntamientos de la provincia a sus proveedores habría bastado casi para construir otra línea del Metro como la única de que dispone Sevilla y que discurre entre Mairena del Aljarafe y Montequinto.
Pero esta deuda con empresas y autónomos está al margen de la contraída con los bancos. En este capítulo, el ‘agujero’ crediticio dejado por Monteseirín a Zoido asciende (saldo vivo) a 645 millones de euros. Y menos mal que, según sus propias palabras, el anterior alcalde iba a dejar las arcas municipales mejor que como se las encontró.
