El Gobierno ha tomado esta decisión tan sólo tres días antes de que expire el permiso de explotación actual (5 de julio) y dos años antes de que Garoña cumpla su vida de diseño (en el año 2011).
Esta decisión no responde a los intereses de ninguna de las partes implicadas, ya que los ecologistas habían solicitado el cierre inmediato de la central y la empresa propietaria, Nuclenor, y sus trabajadores había pedido la renovación del permiso de explotación por otros diez años, hasta 2019.
El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer que la decisión sobre el futuro de la central es “razonada, razonable y equilibrada” pero, admitió, que “será criticada desde un lado y desde el otro”.
El anuncio oficial lo hizo en la tarde de ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que compareció ante los medios de comunicación junto al titular de Trabajo, Celestino Corbacho.
Los ecologistas, por su parte, ya han anunciado que recurrirán cualquier decisión que no sea la del cierre inmediato de la central nuclear burgalesa.
Asimismo, la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) también llevará a los tribunales el anuncio del Ejecutivo y pedirá el resarcimiento del perjuicio económico causado.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió un informe el pasado 5 de junio en el que se mostraba favorable a una renovación “con condiciones” del permiso de explotación de la central de Garoña por diez años más.
En un informe posterior aprobado por el pleno de este organismo, el 24 de junio, exigía a la instalación una serie de reformas que tenía que acometer en tres escenarios: una renovación de la operatividad de la planta por dos años más; otra por cuatro años más; y otra por seis.
Las recomendaciones del CSN exigían a Nuclenor, participada al cincuenta por ciento por Endesa e Iberdrola, que introduzca modificaciones de diseño para reforzar la seguridad y cumplir la normativa más moderna.
La planta de Garoña, la más antigua de España, está en funcionamiento desde 1970 y tiene autorización para funcionar hasta el próximo sábado 5 de julio.
Esta planta emplea a 350 trabajadores de Nuclenor y a otros 450 de empresas contratistas, además de los empleos indirectos que genera, según datos del comité de empresa.
La central de Garoña es el reactor nuclear más antiguo de los ocho actualmente operativos en España y su producción anual representa un 2,5% del total de la electricidad generada anualmente en España.
Situada en la provincia de Burgos, en la mancomunidad de municipios de Valle de Tobalina, en el margen izquierdo del río Ebro, funciona mediante un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición.
Los trabajadores piden a Sebastián su continuación hasta el año 2019
Representantes del Comité de Empresa de Garoña entregaron en el Ministerio de Industria una carta y más de 25.000 firmas dirigidas al ministro Miguel Sebastián a favor de la continuación de la planta hasta 2019 porque “es segura”.
El ciclista minusválido Manuel Pérez y el maratoniano Santos Llamosa entregaron los documentos en el registro del Ministerio después de haber recorrido con ellos más de 360 kilómetros desde que salieron el pasado viernes de la central de Garoña.
A la entrada a la sede del Ministerio, los portadores estuvieron arropados por los aplausos y las palabras de ánimo de los numerosos trabajadores concentrados a las puertas del edificio.
La portavoz del comité de empresa, Cristina Herrero, lamentó que no les haya recibido ningún representante de Industria, como tampoco lo ha hecho ningún miembro del Gobierno desde que “iniciamos esta lucha” a favor de la continuación de Garoña en junio.
