El dictamen de la reforma fue respaldado por todos los grupos durante el trámite de Comisión, pero ayer en el pleno el PP anunció su voto en contra aunque luego se abstuvo, lo que causó sorpresa en las filas socialistas, que han lamentado, en palabras del diputado Juan Carlos Corcuera, que “se haya utilizado la seguridad vial para atacar al Gobierno”.
En el debate, en el que se encontraba, además del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el director de Tráfico, Pere Navarro, los grupos anunciaron que seguirán defendiendo en el Senado algunas enmiendas al texto, que ayer no fueron aprobadas.
CiU, por ejemplo, defenderá en la Cámara Alta que se devuelvan los puntos sustraídos a los conductores que cometieron una infracción, que ahora en la reforma no conlleva pérdida de créditos.
El PSOE propondrá, como lo hizo ayer con el Grupo Mixto, que se retiren puntos por estacionar en un lugar habilitado con limitación horaria, cuando un vehículo carezca de distintivo que lo autorice o se rebase el doble del tiempo abonado.
El diputado del PP Federico Souvirón calificó el proyecto de “desatinado” porque busca un “procedimiento rápido de recaudación” y “limita los derechos de los ciudadanos”, y pidió que se acabe “la racha de procesos sancionadores” y lleguen otros de distinta índole.
Pérez Rubalcaba, en una breve intervención, replicó que la reforma procura una mayor inmediatez entre el momento en que se comete la sanción y cuando se ejecuta con la intención de aumentar “su efecto disuasorio y pedagógico”.
“No se trata de multar más, sino menos, porque se infrinja menos”, aseguró.
Entre las novedades de la reforma destaca que a partir de ahora el infractor recibirá una sola notificación, en lugar de las tres actuales, notificación que, en el caso de los vehículos matriculados a nombre de una persona jurídica, serán exclusivamente por correo electrónico.
Se fijan además nuevas cuantías para las multas: 100 euros para las infracciones leves, 200 para las graves y 500 euros para las muy graves, aunque éstas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al peligro potencial creado.
Las sanciones por exceso de velocidad serán más ajustadas, se fijarán en función del número concreto de kilómetros que se exceda sobre lo permitido.
Las multas podrán pagarse en el acto con tarjeta de crédito y todo lo que se recaude por sanciones se tendrá que destinar a políticas de seguridad vial. No será obligatorio llevar toda la documentación en el coche, pues la Administración será la que deba comprobar que el vehículo cuenta con todos los permisos.
PAGAR NO SUPONE RENUNCIAR AL RECURSO
El Tribunal Supremo (TS) aclara en una sentencia que el hecho de que un conductor pague una multa de tráfico no supone que renuncie al derecho a recurrir la pérdida de puntos del carné que conlleva la infracción.
El Supremo considera en la resolución que, para que no se produzca “indefensión”, el ciudadano tiene derecho a recurrir no sólo la conducta infractora, sino también, y en solitario, la propia pérdida de los puntos.
Los magistrados estiman que es “exigible” que durante la tramitación del expediente el conductor quede “cumplidamente informado” de los puntos que podrá perder.
