Ayer llegó a juicio en la sección séptima de la Audiencia de Barcelona el presunto maltrato a Rubén P., el primero captado por las cámaras ocultas que el departamento de Interior instaló en marzo de 2007 en la comisaría de Les Corts para detectar posibles abusos policiales, y que la propia consellería denunció a la Fiscalía.
El ministerio público solicita penas que suman cinco años y tres meses de prisión, así como siete de inhabilitación, para cada uno de los cuatro mossos, a los que acusa de haber maltratado y vejado al detenido y de haber falseado un atestado policial imputándole un delito de atentado a la autoridad.
En la grabación de la cámara oculta que obra en la causa se aprecia cómo el detenido, que se encara a los mossos con actitud desafiante, recibe una patada de artes marciales en el estómago, así como puntapiés y puñetazos hasta que los agentes logran inmovilizarlo en el suelo y, forcejeando con él, esposarlo.
En su declaración, los cuatro agentes han coincidido en señalar que el detenido mostró en todo momento una gran “agresividad verbal” hacia ellos, a quienes dirigió constantes insultos y amenazas, y que una vez en la sala de cacheos dio un manotazo y una patada en la rodilla a uno de los policías.
Los agentes han insistido en que, ante esa violencia y al verse en peligro, procedieron según lo previsto en el protocolo de Interior para reducir a arrestados agresivos, una directriz según la cual “es correcto que cuatro agentes actúen contra el detenido, porque así también se minimiza la fuerza que utilizar”, explicó el imputado Christian B.
Otra de las líneas de defensa que han esgrimido los acusados es que los golpes que, según se aprecia claramente en el vídeo, recibió el detenido eran “disuasorios y amortiguados”, es decir, un amago o apariencia de golpe que en realidad no tenía tanta fuerza. Se trata, ilustró el agente procesado Adrián L., del llamado “golpe de distracción” y cuyo objetivo es “distraer la atención del detenido a otra parte del cuerpo” para reducirlo con más facilidad.
