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Valencia

Catalá anuncia "acciones legales" si se anula la ampliación del Puerto de Valencia

"No vamos a tolerar ser moneda de cambio porque un grupo minoritario separatista quiera mermar las opciones de Valencia en beneficio del puerto de Barcelona"

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  • Puerto de Valencia. -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado "acciones legales" y que llegarán "hasta el final" si la ampliación norte del puerto de la ciudad se paralizara por una voluntad política y no por cuestiones técnicas.

A preguntas de los periodistas en la asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Catalá ha reiterado que las administraciones valencianas van a "ir a una" y "no" van "a tolerar" que ERC y Junts pidan que se paralice el proyecto a cambio de su apoyo a una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Catalá ha reiterado que están "preocupados" ante esa posibilidad y ha recordado que en la anterior legislatura "se quedó paralizada la autorización en el Consejo de Ministros y sabemos que era por motivos políticos y no técnicos".

"En este momento, tenemos una sospecha muy clara de que ERC y Junts están poniendo esta cuestión por delante en la posible investidura de Pedro Sánchez", ha añadido y ha asegurado que sus fuentes "tienen credibilidad".

"No vamos a tolerar ser moneda de cambio porque un grupo minoritario separatista quiera mermar las posibilidades de Valencia en beneficio del puerto de Barcelona", ha sostenido y ha pedido que "compitan en igualdad de condiciones, que si se invierte en el puerto de Barcelona, se invierta en el de Valencia y si se autoriza la amplicación en Barcelona, se autorice también en Valencia".

A su juicio es "fuerte y grave" que se pueda "someter al pueblo valenciano a deseos de un grupo minoritario político para una investidura".

Ha explicado que la Generalitat, las Diputaciones y los ayuntamientos trabajan conjuntamente y van a estar "muy pendientes de que se cumpla la tramitación oficial y si no, valoraremos cualquier iniciativa o acción".

"Si se paraliza por motivos políticos y no técnicos , valoraremos cualquier acción legal. Vamos a llegar hasta el final. Las administraciones no pueden boicotear un proyecto de infraestructuras por voluntad política, y si lo hacen, podrían prevaricar", ha concluido.

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