La organización ecologista Greenpeace ha puesto en marcha el proyecto “Sin agua no hay pueblos. El agua limpia es un derecho” que consiste en el reparto a los ciudadanos de toda España de medidores para controlar de manera periódica la contaminación del agua por nitratos.
El proyecto forma parte de la campaña de Greenpeace #HablaRural y comprende una serie de actividades que se llevarán a cabo este mes de abril destinadas a denunciar "el abandono medioambiental de la España rural y pedir su fortalecimiento urgente, ante la vulnerabilidad de la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad", asegura la organización en un comunicado.
La iniciativa cuenta con el apoyo de diversas entidades y grupos ecologistas y arranca este miércoles en 12 comunidades: Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra.
Se desarrollará en cuatro fases que van desde el reparto de medidores a la realización de muestreos y la publicación de resultados en 2022, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre la contaminación del agua por nitratos en España, visibilizar la grave situación de los recursos hídricos, estimular la defensa del derecho al agua limpia y denunciar los proyectos que la amenazan, como la ganadería industrial y las macrogranjas.
Según ha declarado Luís Ferreirim, responsable de agricultura en Greenpeace España, “estamos ante una futura crisis: la del agua" que, ha advertido, "no es un recurso infinito" y por ello ha asegurado que "solo una transición urgente hacia la agroecología nos puede ayudar a evitar el colapso de los recursos hídricos”.
Para Greenpeace, el crecimiento de la agricultura y la ganadería industriales ha puesto la calidad de las aguas en España en un estado "muy preocupante" y recuerdan que los datos del Ministerio de Transición Ecológica revelan que el 30% de las estaciones de control de aguas subterráneas y el 50% de las superficiales presentan una mala calidad debido a la contaminación por nitratos.
Añaden que la Comisión Europea abrió un procedimiento infractor contra España en julio de 2020 reclamando la puesta en marcha de "medidas eficaces" para frenar la contaminación del agua y aseguran que las redes oficiales de monitoreo - unas 8,2 estaciones por cada 1.000 kilómetros cuadrados- se han revelado como "claramente insuficientes" para el control de calidad.
Por ello, los ecologistas han decidido crear esta red ciudadana de vigilancia, que se une a las alegaciones que han presentado para que se modifique el Real Decreto sobre protección de aguas y a las más de 100.000 firmas que llevan recogidas pidiendo el fin de la ganadería industrial.
