La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos criminales que captaban a jóvenes para explotarlas sexualmente en prostíbulos de Girona a las que obligaban a 'fichar' con su huella dactilar al inicio de cada servicio, según informan fuentes policiales.
Las dos bandas captaban a jóvenes rumanas menores de edad mediante falsas promesas de trabajo y, tras cumplir los 18 años, las traían a España, donde las obligaban a prostituirse en macroprostíbulos de Girona.
Las jóvenes eran sometidas a continuas amenazas, palizas e incluso violaciones y los miembros de la organización las mantenían permanentemente controladas, llegando a utilizar escáneres dactilares que registraban tanto el inicio de la jornada laboral de cada mujer, como cada uno de los servicios sexuales que realizaban.
La operación se ha saldado con 19 detenidos, entre ellos los principales cabecillas de ambas organizaciones, y se ha identificado a un total de 215 víctimas directas del macroprostíbulo, que llegó a facturar unos 60.000 euros diarios.
Las investigaciones se iniciaron hace casi un año a partir de la denuncia de varias víctimas de la organización en Rumanía, en las que explicaban que un rumano estaba captando a menores en la región de Braila, ofreciéndoles trabajo como cuidadoras de niños o ancianos, a las que posteriormente trasladaban a España para ejercer la prostitución.
DEDICATORIA DE CANCIONES
El primero de los grupos desmantelados estaba compuesto por rumanos y asentado en Braila, de donde proceden la mayoría de las víctimas, y contaba con una estructura piramidal con gran respeto entre otras organizaciones de proxenetas y a la que artistas famosos rumanos dedicaban canciones a su líder.
Los agentes comprobaron que este grupo utilizaba la violencia en sus actuaciones y adoptaba numerosas medidas de seguridad, y que su líder siempre iba acompañado por un guardaespaldas y alardeaba de su capacidad económica, llegando a gastar 14.000 euros en una sola noche.
Los policías verificaron que captaban mujeres cuando eran menores, aprovechándose de su situación de necesidad y, según las mismas fuentes, en algunos casos las víctimas llegaban a sentirse afortunadas de formar parte del clan, cayendo en el error de querer satisfacer todas las peticiones de los explotadores.
El segundo grupo desmantelado era responsable de regentar un macroprostíbulo de La Junquera, cuyos propietarios era un matrimonio afincado en una zona residencial de Valencia, desde donde controlaban lo que pasaba en el local a través de un sistema de videovigilancia.
En el local, las mujeres eran explotadas sexual y laboralmente, con jornadas de entre 12 y 14 horas y hacer uso de lectores de huella digital, cuyos datos eran enviados a un ordenador central instalado en el club, que permitía el control de cada una de las mujeres de forma permanente, así como el domicilio de los propietarios del mismo.
70 EUROS AL DÍA
El club exigía a las mujeres un cumplimiento estricto de los periodos de trabajo y las obligaba a pagar 70 euros diarios para mantener la 'plaza', incluso los días que no ejercían la prostitución, llegando a facilitarles esponjas vaginales para que pudieran seguir manteniendo relaciones sexuales durante el periodo menstrual.
Además, debían hacer frente a una serie de gastos del local: cinco euros por electricidad, dos por cada rollo de papel higiénico y siete por el jabón, mientras que los preservativos, lavandería, comida, agua o refrescos tenían que adquirirlos en el local a precios desorbitados; asimismo, la organización colocó inhibidores de frecuencia de móviles para obligar a las mujeres a usar los teléfonos del local.
Las investigaciones han permitido constatar envíos regulares de dinero al extranjero, realizados por el lugarteniente del dueño del club, quien facilitaba también inmuebles de alquiler a proxenetas y víctimas, y dirigía una flota de conductores que transportaban a las mujeres al local, cobrando 15 euros por trayecto.
Otro método empleado por la organización para sacar los beneficios era con la colaboración directa de los chóferes de una empresa de autobuses de línea regular de viajeros con Rumanía, a los que confiaban dinero, paquetes e incluso víctimas con destino a España.
En torno a esta actividad, la policía ha descubierto un entramado de sociedades tapadera utilizado para blanquear dinero, con un capital social superior a 11,5 millones de euros, numerosos inmuebles con un valor superior a dos millones, varios vehículos de alta gama y un barco de 19 metros de eslora.
En la investigación, todavía no cerrada, se han detenido a 19 personas e imputadas otras cinco, se han registrado cinco domicilios, así como la sede del club de alterne, interviniendo 101.290 euros en efectivo, un rifle, un revólver, munición, una katana, dos defensas eléctricas, 15 navajas, 2.000 resguardos de envío de dinero, equipos informáticos, 15 móviles y joyas.
