La asistente social de la Asociación Española para la Adopción (AEPA) Isabel de la Vega ha reconocido ante el juez su firma en los documentos de adopción de una supuesta "niña robada" en la Clínica Santa Cristina de Madrid en 1982 y ha dicho que su relación con "sor María" era sólo administrativa.


El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, mantiene imputada en este caso a la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como "sor María", por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.


Carretero ha tomado hoy declaración a Isabel de la Vega, puesto que su firma aparece en los documentos de adopción de la supuesta "niña robada", y a Belén Landaburu, quien no guarda ninguna relación con este caso.


A las puertas de los Juzgados, madres y padres de la Asociación Bebés Robados Madrid han increpado a las dos testigos con gritos como "¿dónde están nuestros hijos?" o "pida perdón a las madres".


Ante el juez, Isabel de la Vega ha reconocido su firma en los documentos de adopción de Pilar Alcalde, aunque ha dicho que no recordaba el caso en concreto, ni ha aclarado las contradicciones "sobre la razón de los pagos y la ausencia de consentimiento materno", según fuentes jurídicas.


Ha detallado que conocía a "sor María" porque era asistente social en la Clínica Santa Cristina, aunque ha hecho referencia a "una mera relación administrativa" y no "personal".


Por su parte, Landaburu ha asegurado que no tiene "absolutamente nada que ver" con este caso y que "jamás" ha intervenido en la Asociación Española para la Adopción.


Landaburu ha precisado que su única vinculación con la AEPA es que, como procuradora en las Cortes en representación de las familias, en 1968 ó 1969 participó en un Congreso en Oviedo, donde se acordó la creación de la AEPA y la modificación del Código Civil para agilizar las adopciones.


Ha apuntado que es posible que su firma apareciera en las conclusiones aquel Congreso, pero ha insistido en que no tiene nada que ver con este caso del año 1982, porque ella se retiró de la vida pública en 1978.


A la salida de los Juzgados, el abogado de la Asociación Bebés Robados, Guillermo Peña, ha señalado que las declaraciones de hoy no han aportado muchos datos y que siguen sin aclararse los pormenores del procedimiento de adopción de la hija de María Luisa Torres.


"Hay muchas sesiones por delante, hay que seguir preguntando y dejando a cada testigo que cuente su historia para, luego, encajar todas las piezas del 'puzzle'", ha resaltado.


Entre las mujeres que se han concentrado ante los Juzgados, se encontraba María del Carmen Rodríguez, quien ha exhibido un cartel buscando a su hermano nacido en la Maternidad de O'Donnell el 17 de septiembre de 1957.


También ha acudido a los Juzgados Eduardo Raya, que busca a su hija nacida en 1990 en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada, portando un cartel en el que se podía leer "Toxicología se equivoca. No más errores".


El próximo 5 de octubre continuarán las comparecencias de testigos ante el juez, a petición de Guillermo Peña, el abogado de María Luisa Torres, que denunció a la Fiscalía de Madrid el robo de su hija recién nacida en marzo de 1982, y José María Calero, el letrado de sor María Gómez Valbuena.


El pasado mes de abril, María Luisa Torres ratificó ante el juez que la religiosa le dijo que le quitaba a la bebé "por adúltera", ya que el padre no era su marido.


Por su parte, "sor María" se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, aunque, en una carta abierta a los medios de comunicación, rechazó las acusaciones y dijo que le "repugnaba" separar a un recién nacido de su madre.