El Pleno de la Diputación de Sevilla ha aprobado por unanimidad este miércoles las bases de la nueva convocatoria del Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR), dirigido a los ayuntamientos, entidades locales autónomas (ELA), mancomunidades y consorcios de la provincia y que supone adelantos económicos a los ayuntamientos por un importe de 70 millones de euros, con cargo a su posterior recaudación tributaria.

En su intervención, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha puesto en valor un instrumento financiero en apoyo de los municipios y que ha anunciado que podrá solicitarse ya esta semana, durante un plazo de 15 días, tras su inmediata publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Si una vez finalizada esta convocatoria aún queda remanente, la Diputación volverá a sacar una segunda edición.

Villalobos ha aprovechado su intervención para llamar la atención sobre la necesidad de flexibilizar la financiación local y las inversiones. "Es inconcebible que teniendo el dinero en el banco no se pueda invertir para dar respuesta a los parados y procurar remedios a la situación", insiste, apuntando directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y tras recordar la reunión pedida al Estado para tratar este asunto, que "pesa mucho a espaldas" de los ayuntamientos y de la Diputación.

De su lado, la diputada de Hacienda, Concepción Ufano, ha defendido la aportación del FEAR en pro de los municipios, "con igualdad y equilibrio", un fondo que "sigue adaptándose a las necesidades año tras año" y que define como un "banco bueno". Así, explica que en esta edición se ha ampliado el objeto y el ámbito de aplicación, además de redefinir sus líneas para adaptarse a la legislación.

LAS BASES

Se contemplan seis líneas de anticipos reintegrables, para el pago de préstamos de mandato concertados para el saneamiento del remanente de tesorería o el cumplimiento de sentencias firmes; para sufragar préstamos a largo de plazo concertados para la financiación de inversiones; para la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo concertadas con anterioridad; para la cancelación anticipada de deudas fraccionadas con la Seguridad Estatal o la Agencia Tributaria; para atender necesidades transitorias de tesorería y, por último, para la conversión de deudas a corto plazo en operaciones de crédito a largo plazo.

Además de novedades como la sexta y nueva línea de anticipos, las bases de la nueva convocatoria estipulan que los adelantos estarán disponibles no sólo para los ayuntamientos y ELA, sino además para las mancomunidades y consorcios que tengan convenio suscrito con el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef).

Esta convocatoria supone la once edición de un fondo que comenzó con 4,5 millones y que en 2017 ya dispone de 70 millones. En todas sus ediciones se han adelantado 208 millones a los municipios, generando un ahorro en costes financieros a éstos de unos 26 millones de euros. Además, dos de cada tres euros del FEAR han sido para pueblos de menos de 20.000 habitantes.

OPOSICIÓN ESPERA SU INMEDIATA PUESTA EN MARCHA

En este marco, el diputado del PP Alberto Sanromán ha esperado que esos 70 millones sean empleados en su totalidad, abogando por que lleguen a los pueblos "lo antes posible", y valora la ampliación de una línea, la relativa a "la oportunidad de convertir deuda de corto a largo plazo gracias a una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De su lado, la portavoz de IU, Engracia Rivera, ha pedido a la institución provincial que se articulen alternativas para aquellos pueblos que no pueden acceder.

Asimismo, el portavoz de Cs, Javier Millán, ha calificado el FEAR de "agua bendita" para los municipios y pone en valor su contribución a la cohesión local.

En esa misma línea, que el diputado de Participa Sevilla, Julián Moreno, destaca la aportación de un instrumento financiero que "mejora cada año" y que se va adaptando a las necesidades que plantean los municipios, algo ante lo que llama la atención sobre la "constricción" provocada por la Ley Montoro que limitaría el desarrollo municipal.