El prestigioso diario británico The Guardian, un referente internacional en materia de información, se ha hecho eco de la "controvertida" reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), clausurada después de la famosa catástrofe medioambiental de 1998 y cuyos derechos de explotación han sido recientemente adjudicados a la agrupación empresarial México Minorbis, formada por la compañía andaluza Magtel y el Grupo México.
En concreto, The Guardian publicó el pasado 25 de febrero un amplio reportaje dando cuenta de la reapertura de la "controvertida mina española" de Aznalcóllar.
La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.
Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina, la multinacional sueca de la minería Boliden abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.
EL CONFLICTO SIGUE VIVO
A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.
La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.
La agrupación México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, resultó adjudicataria de los derechos de explotación de la mina, toda vez que la restante agrupación empresarial en concurso, Emerita-Forbes Manhattan ha impugnado la resolución del concurso internacional acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.
En ese sentido, el mencionado reportaje de The Guardian, recogido por Europa Press, expone que la "controvertida mina que causó uno de los mayores desastres medioambientales de España está lista para ser reabierta", recordando la ya descrita catástrofe medioambiental de 1998 y señalando que los vertidos requirieron labores de limpieza por valor de 240 millones de euros.
LA INFLUENCIA DE LAS ELECCIONES
En cuanto a la adjudicación de los derechos de explotación, el reportaje da cuenta de que los colectivos ecologistas avisan de que determinadas consideraciones medioambientales "han sido ignoradas para hacer un anuncio de cara a las elecciones regionales". En ese sentido, The Guardian recuerda que los derechos de explotación de la mina, una verdadera 'bestia negra' del ecologismo español, han sido adjudicados a "un consorcio encabezado por Grupo México, una compañía que fue obligada a pagar 150 millones de dólares en los gastos de limpieza derivados de un accidente en su mina de Buenavista, en el estado mejicano de Sonora, el pasado mes de agosto".
"Las autoridades españolas insisten en que Grupo México ha garantizado que sus actividades mineras en Aznalcóllar no afectarán a zonas protegidas", expone de otro lado el diario británico, toda vez que en paralelo "los ecologistas están preocupados porque los estudios medioambientales han sido subestimados por el partido socialista PSOE", que "defiende los beneficios económicos (de la reapertura de la mina) en una campaña para ganar votos".
