El Programa de Atención a Familias con Menores en Riesgo del Ayuntamiento de Sevilla será reanudado el lunes que viene, después de que sus 21 trabajadores, en paro desde el 6 de noviembre, firmen esta semana sus nuevos contratos, según ha informado a Europa Press Manuel Loza (CCOO), presidente del comité de empresa del Consistorio hispalense, merced a las novedades que le ha proporcionado la propia administración local.
"Nos han llamado y nos han dicho que esta semana se firmarán los nuevos contratos y el lunes comienzan a trabajar de nuevo", ha dicho Manuel Loza, respecto a la solución de este conflicto laboral.
Según los trabajadores afectados, merced al programa autonómico de Atención a Familias con Menores en Riesgo, el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con dicho servicio desde el año 2000, a través de un convenio anual que regula la financiación y las actuaciones en cuestión. Merced a dicho convenio, el Ayuntamiento de Sevilla ha contado desde el año 2000 con una red de equipos de tratamiento familiar formados por psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales, para el tratamiento de familias con menores en riesgo de exclusión.
Los afectados explican que, normalmente, el día 5 de noviembre de cada año finalizaban los contratos de trabajo de los 21 profesionales de estos equipos de tratamiento familiar, si bien tales contratos eran inmediatamente renovados, al día siguiente, para continuar con los trabajos. Sin embargo, y según decían a Europa Press los trabajadores, en esta ocasión los contratos de trabajo expiraron la semana pasada sin que hasta el momento hayan sido renovados.
El Ayuntamiento hispalense, en ese sentido, alega que la Junta de Andalucía, que aporta 621.642 euros para la nueva edición del programa, remitió la resolución definitiva sobre dicha aportación el mismo día en el que expiraban los contratos, toda vez que el comité de empresa del Consistorio recuerda que se trataba de una mera prorroga de un programa ya en marcha y opina que el Consistorio no habría hecho todo lo posible por mantener vivo el mismo hasta que llegase la resolución definitiva sobre las subvenciones autonómicas.
