El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado definitivamente la nueva ordenanza de limpieza pública y gestión de residuos, con el voto contrario de PSOE e IU-CA, y el respaldo del Grupo Popular, que goza de mayoría absoluta. El artículo que reserva a una concesión administrativa del Consistorio la recogida de aceites de cocina usados y las grasas del sector de la hostelería ha centrado todo el debate.
Y es que el citado artículo obliga a todos los negocios del sector de la hostelería, los bares y los restaurantes, a entregar gratuitamente sus aceites de cocina usados y sus grasas a una empresa seleccionada por la empresa municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), en este caso la sociedad Biouniversal, toda vez que hasta ahora estos establecimientos vendían libremente estos residuos a empresas del sector del tratamiento y reciclaje de aceites y grasas.
Por parte de IULV-CA, José Manuel García ha recordado que la modificación de este artículo ha sido acometida "fuera el plazo de alegaciones", sin dar lugar así a una participación efectiva de los afectados, en este caso los empresarios del sector de la hostelería.
"Teníamos un sistema de recogida de los aceites usados de cocina de la hostelería en el que empresas autorizadas, según las normativas vigentes, se hacían cargo de la recogida. Un sistema eficaz y rentable para ambas partes. Ahora hay un pelotazo por el que una empresa obtiene un negocio de cuatro millones de euros y que costará la pérdida de 300 empleos", dice García en cuanto a los efectos de este aspecto en las pymes encargadas hasta ahora de reciclar el aceite de cocina usado de bares y restaurantes.
"EN PIE DE GUERRA"
Los socialistas Juan Espadas y Encarnación Martínez, de su lado, han atacado en la misma línea y han dudado de la "legalidad" de introducir este aspecto en la nueva ordenanza cuando la tramitación de la misma había superado ya la fase de información pública. "Es un cambio sustancial del articulado de la ordenanza", avisan los socialistas, quienes señalan el impacto de la nueva ordenanza en el sector de las empresas locales de recogida de aceites usados y reclaman su retirada directa. "Los empresarios están en pie de guerra", enfatiza Espadas.
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), ha defendido por su parte que esta decisión deriva de la necesidad de reforzar, a través de Lipasam, los controles del tratamiento del aceite de cocina usado por cuestiones "sanitarias y de medio ambiente". "Tenemos precedentes muy desgraciados por el descontrol de los residuos" avisa.
Vílchez, además, recuerda que Biouniversal se ha hecho con la citada concesión administrativa a través de un "procedimiento público, transparente y de libre concurrencia" en el que han participado otras empresas. "Vamos a llegar a un acuerdo con los hosteleros. Estoy seguro, pero está claro que esto no es una medida negativa", concluye el concejal popular.
