El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ha apoyado este sábado que el Gobierno andaluz no favorezca "con los dineros públicos elementos de educación discriminatoria de carácter privado", de ahí que apoye que se recurra, una vez que se estudie y proceda en su caso, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que atiende al requerimiento de suspensión cautelar planteado por el centro de educación diferenciada por sexo 'Albaydar' de Sevilla, que junto a otros cuatro colegios sevillanos --Ribamar, Altair, Ángela Guerrero y Nuestra Señora de Lourdes de Carmona--, de los doce de estas características existentes en Andalucía, recurrieron simultáneamente la negativa de la administración a concederles el concierto, al igual que lo hizo posteriormente el resto de colegios.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, acompañado por dirigentes de IU, el representante del Ejecutivo regional ha comentado que todas las sentencias y autos que "están encima de la mesa la Junta debe estudiarlas y reflexionarlas", y en este caso concreto considera que el Gobierno andaluz "ha operado y ha hecho lo que debería hacer".
Al respecto, aboga por "no permitir el elemento discriminatorio en el tema de carácter educativo", y por ende, "no favorecer con los dineros públicos elementos de educación discriminatoria de carácter privado", algo que "es lo que ha ocurrido con este tema", apunta Valderas.
No obstante, señala que "el tribunal ha dado una respuesta y será objeto de recurso y análisis", a lo que añade que "vamos a estudiarla bien y ver si es objeto de recurso", y en caso de que lo sea, apostilla, "seré el primero en situar en el Gobierno que hay que recurrirla".
En concreto, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha confirmado que estudiará en profundidad el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según ha indicado la secretaria general de Educación, Elia Maldonado, quien por otra parte ha adelantado que la Junta se atendrá a la posibilidad establecida por la resolución judicial, en la cual se abre la vía para interponer un recurso de reposición en un plazo de cinco días.
