El alcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, ha censurado este miércoles el gesto protagonizado por un grupo de familias al ocupar por la fuerza varias de las 220 viviendas construidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) en los suelos del antiguo barrio de Regiones Devastadas, donde actualmente se alzan estas viviendas protegidas conocidas como Nuevo Amate. El alcalde ha señalado el "ilícito penal" implícito en actuaciones así y a manifestado que "cualquier familia que tenga necesidad" de contar con un techo debe acudir precisamente a Emvisesa.
El asunto está conectado con el proyecto promovido por el Ayuntamiento de Sevilla para regenerar por completo el antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio fueron demolidas y en su lugar han sido levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla.
Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, el pasado mes de septiembre 71 de los inquilinos recogieron las llaves de los pisos que les correspondían, porque buena parte de este colectivo de ciudadanos no ha ejercido su derecho a habitar estas viviendas y optan por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas, lo que dejaba vacías más de 140 de estas viviendas protegidas.
OCUPACIÓN ILEGAL
Bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto, varias familias han accedido a estas viviendas protegidas actualmente desocupadas sin contar con relación contractual alguna con los pisos en cuestión, extremo que ha motivado que Emvisesa, como titular de las viviendas, haya denunciado la usurpación de las mismas. En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla confirma la permanencia de cinco de estas familias en las viviendas en cuestión y las zonas comunes, toda vez que la Policía Nacional sigue vigilando la zona a la espera de las consecuencias de la denuncia promovida por Emvisesa.
Para el alcalde, el asunto está claro, porque no se debe "permitir ni tolerar la ocupación violenta" de viviendas, sobre todo cuando se trata de viviendas de promoción pública, pues con comportamientos así "familias que tienen el mismo o más derecho" a una vivienda protegida son "privadas" de dicho derecho. "No puedo defender ni recomendar la ocupación de viviendas. Más allá del ilícito penal que implica, no es la mejor forma de acceder a la vivienda", dice el alcalde señalando que "cualquier familia" que sufra necesidades en materia de vivienda debe acudir "a Emvisesa".
Al respecto, ha explicado que dado que "hoy por hoy no hay demanda de adquisición" de viviendas protegidas, Emvisesa acomete "la sustitución de la calificación" de sus viviendas protegidas para que pasen del régimen de venta al de alquiler, todo ellos a precios "prudentes y en atención a las circunstancias" de los inquilinos.
