La Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir del próximo día 21 de enero de 2013 al exagente de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Lars S.M. y a otros tres acusados por el robo de 150 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Andalucía Occidental ubicados en la capital hispalense.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el juicio se celebrará en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en un total de seis sesiones, concretamente los días 21, 22, 23, 29, 30 y 31 del próximo mes de enero, y en el mismo la Fiscalía pedirá para el exagente 18 años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de nueve millones de euros.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para el acusado cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de robo con fuerza; nueve años de prisión y seis millones de euros de multa por un delito contra la salud pública, y cinco años y tres millones de multa por un delito de blanqueo de capitales.
Por estos mismos delitos, el Ministerio Público solicita 17 años de cárcel y una multa de nueve millones de euros para el socio del exagente, Manuel A.N., y para su pareja, María Violeta S.G., y otros cinco años de prisión, además de una multa de tres millones, para la esposa del exagente, María Teresa M.S., a la que considera culpable únicamente del delito de blanqueo de capitales.
Según sostiene el fiscal antidroga Alfonso Sánchez en el escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, el exagente, junto al matrimonio procesado, "se pusieron y actuaron de acuerdo" entre finales de 2006 y el día 11 de junio de 2008 para apoderarse de la mayor cantidad que pudieran de la droga" que se almacenaba en los calabozos, la cual procedía de las aprehensiones de cocaína y heroína realizadas por los distintos grupos de la Udyco de Sevilla.
"Para conseguir su fin", los procesados "aprovecharon el hecho de que" Lars era agente de la Policía Nacional, y en concreto de la Udyco, señala el fiscal, que pone de manifiesto que el juego de llaves que era necesario para acceder, "primero a la zona donde se encontraban los calabozos, y luego, al citado calabozo", se guardaba "en un cajón de la mesa del despacho" del jefe de la Udyco, "que éste o quien lo supliera, entregaba a los funcionarios que necesitaban entrar en el calabozo".
LA DROGA, SUSTITUIDA POR YESO, CACAO O SACAROSA
Así, "y aprovechando" que prestaba sus servicios en la Udyco, el exagente imputado "logró hacerse con una copia de dichas llaves, de manera que podía entrar en el citado calabozo, que carecía de cualquier otra medida de seguridad", y "valiéndose de la copia" de dichas llaves realizó una serie de sustracciones de paquetes de droga que sustituía por otros que contenían yeso o cacao y "con envoltorios amarillos similares a los originales que, con este fin, hicieron" la otra pareja imputada.
Incluso, tras sustraer 32 paquetes de cocaína valorada en un millón de euros, los sustituyó por otros con sacarosa y con un paquete que "se envolvió, como el original, con cinta adhesiva de precintar de la Dirección General de la Policía, que para ello facilitó Lars" a sus socios, "que fueron quienes, igualmente, confeccionaron los nuevos paquetes de sacarosa.
En el escrito consultado por Europa Press, el fiscal dice que, igualmente, desaparecieron del citado calabozo 5,2 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía en el aeropuerto de Sevilla el día 27 de febrero de 2008, droga que "venía oculta en tres cilindros de una máquina de amasar", aunque "no consta que en esta sustracción hubiera intervenido alguno de los procesados".
BENEFICIO ECONÓMICO DE "AL MENOS" CUATRO MILLONES DE EUROS
"En todos los casos, fue Lars el que accedía al calabozo y realizaba el cambio", dejando allí los paquetes "simulados" de droga "en la misma caja o bolsa que estaban los originales", que eran los que contenían la verdadera droga y los que el exagente de la Udyco se llevaba para venderla a terceras personas "que no han podido ser identificadas", lo que "proporcionó" a Lars y la otra pareja "pingües beneficios económicos de, al menos, cuatro millones de euros atendiendo al valor que tenía la droga sustraída en el mercado ilícito en la época de los hechos".
El fiscal señala que, desde que "se iniciaron" las sustracciones de droga a finales de 2006 y hasta el mes de septiembre de 2009, cuando los procesados fueron detenidos, "se produjo un notable incremento de sus patrimonios debido a las ganancias obtenidas por la venta de droga". Así, en el caso de Lars y de su esposa, el fiscal cifra este incremento patrimonial en 302.307,20 euros, mientras que en el caso de la otra pareja lo sitúa en 775.311,17 euros.
Según indica, la esposa del exagente "conoció desde el inicio el origen de las abundantes ganancias" de su marido "y participó con él en la colocación de las ganancias a través de la compra de inmuebles e inversiones". Así, el día 14 de diciembre de 2007, junto con el resto de imputados, "a los que también aconsejó y asesoró en este caso", realizaron una inversión de 210.000 euros cada pareja en ATC Consultores Bankpyme.
COMPRA DE UN VELERO EN SUBASTA
De igual modo, Manuel A.N. adquirió el 10 de julio de 2007 un inmueble en Tomares por un precio de 191.054,40 euros, así como una plaza de garaje en Sevilla valorada en 7.427,15 euros. Conjuntamente con su pareja, compró el 27 de junio de 2008 una vivienda en Islantilla (Huelva) por importe de 239.355,79 euros, y el día anterior realizaron un ingreso en efectivo de 90.000 euros, más 12.527,30 del IVA, a fin de cancelar "parcialmente" el préstamo hipotecario. En total, entregaron 150.398,49 euros en efectivo.
El 15 de julio de 2008, esta pareja compró una plaza de garaje y un trastero en una urbanización de Islantilla, por la que pagaron 15.080 euros en efectivo, mientras que el día 6 de julio de 2009, Manuel A.N. compró una motocicleta BMW por 16.498,75 euros que pagó en efectivo.
No obstante, la compra más llamativa fue la que realizó el exagente de la Udyco el 20 de febrero de 2009, cuando adquirió en subasta de la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas una embarcación motovelero de 12 metros de eslora por importe de 28.800 euros, que también abonó en efectivo.
Según el fiscal, los imputados realizaron todas estas compras "con dinero procedente de la venta de la droga sustraída".
