La polémica en torno a las declaraciones del delegado de Desarrollo Educativo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha provocado una fuerte reacción política y social. PSOE-A y Adelante Andalucía han solicitado su dimisión o cese inmediato, tras las quejas de familias y asociaciones de madres y padres (AMPAs) sobre la falta de recursos y atención a niños con necesidades educativas especiales.
El conflicto se originó después de una reunión entre el delegado y representantes de AMPAs preocupados por la escasez de profesionales de apoyo, como PTIS (Personal Técnico de Integración Social), monitores y otros recursos esenciales para la educación inclusiva. Según denuncian las familias, Araúz habría minimizado la importancia de estos profesionales, formulando declaraciones insensibles y ofensivas.
Algunas de las frases que más han indignado a las familias incluyen expresiones como “para qué quiere un niño con autismo un PTIS para aprender a mover la lengua delante del espejo”, o “qué más quieren” en referencia a una niña que comenzó a hablar a los nueve años. Estas declaraciones han sido calificadas como “despreciativas e inaceptables” por los representantes de la oposición, quienes exigen que el delegado sea apartado de su cargo de inmediato.
La portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha denunciado que la política educativa del Gobierno de Juanma Moreno está marcada por la “deshumanización y el abandono” de los niños con necesidades educativas especiales. Férriz ha acusado a la administración autonómica de priorizar “los intereses de las grandes empresas sanitarias y educativas privadas”, en lugar de garantizar una educación pública de calidad para todos los andaluces.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha insistido en que el problema no es solo la falta de recursos, sino también la actitud de desprecio mostrada por el delegado. “Varias familias salieron llorando de la reunión tras escuchar las palabras de Araúz”, ha señalado, añadiendo que “no se puede permitir que un responsable de la educación en Sevilla actúe con semejante falta de empatía y sensibilidad”.
Ambas formaciones han manifestado su intención de seguir presionando hasta que el delegado sea destituido y se adopten medidas urgentes para reforzar la educación especial en Andalucía.
La Junta defiende a Araúz y niega las acusaciones
Ante la creciente presión política y social, la Junta de Andalucía ha salido en defensa del delegado de Educación, negando que hubiera faltas de respeto a las familias y justificando su gestión en materia de educación inclusiva.
La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha evitado valorar directamente las declaraciones de Araúz, limitándose a afirmar que “él sabrá qué hacer”, y subrayando que su prioridad es atender a las personas. López ha hecho estas declaraciones durante una visita a Jaén, donde asistió a la colocación de la primera piedra de un centro de día para personas con autismo.
Más contundente ha sido la respuesta de la consejera de Educación, Carmen Castillo, quien ha defendido la labor de Araúz asegurando que es “una persona sensible, comprometida y que trata con respeto a todos los alumnos, especialmente a aquellos con necesidades educativas especiales”. Castillo ha destacado el esfuerzo “sin precedentes” que está realizando el Gobierno de Juanma Moreno para mejorar la educación especial, con una inversión de 660 millones de euros y un incremento del 40% en el número de profesionales dedicados a este alumnado en los últimos cinco años.
Según la consejera, en la reunión con las AMPAs, Araúz explicó los avances realizados y reconoció que aún queda trabajo por hacer, pero en ningún caso incurrió en faltas de respeto. “Es injusto decir que no se está trabajando para mejorar la educación inclusiva. Desde la Consejería seguimos poniendo recursos y priorizando la atención a este alumnado, aunque es cierto que siempre se puede hacer más”, ha señalado Castillo.
Desde el Ejecutivo andaluz también han querido recordar que el 20% del presupuesto autonómico está destinado a educación, y que más del 63% de los recursos públicos están dirigidos a sanidad, educación y dependencia, lo que demuestra, según la Junta, su compromiso con el bienestar de los andaluces.
A pesar de la defensa cerrada del delegado por parte del Gobierno andaluz, la controversia sigue abierta, y tanto familias afectadas como colectivos en defensa de la educación pública continúan exigiendo responsabilidades. Mientras tanto, la oposición ha anunciado que seguirá presionando para que se produzca la dimisión o cese de Miguel Ángel Araúz, asegurando que sus declaraciones han causado un profundo malestar entre los padres y profesionales de la educación especial.
