La introducción de las principales enmiendas de Vox en el proyecto de ordenanzas fiscales de 2025 en Comisión de Hacienda allanan el camino para que el Gobierno del popular José Luis Sanz pueda aprobar las ordenanzas sin depender, como ya ocurriera el año pasado, del PSOE, que ha cuestionado que, con este acuerdo, se hayan derogado algunas de las enmiendas que consiguieron introducir en 2023, una oposición que el Gobierno ve un “postureo”.
En Comisión, reunida de manera extraordinaria, el PP ha aceptado algunas de las “reivindicaciones históricas” de Vox para “aliviar” la carga fiscal que padecen las familias y “frenar las políticas socialistas”, aseguran. Entre ellas se encuentra la bonificación del IBI para familias numerosas, la modificación del cómputo del número de inmuebles de los sujetos pasivos para poder ser beneficiario de la bonificación para las familias numerosas de la que se excluirá la vivienda habitual, así como la derogación del artículo 11 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles que hace referencia al recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial desocupados.
Según Cristina Peláez, “el cambio de rumbo del PP obedece en gran medida a que el gobierno es consciente de que las propuestas de Vox benefician al conjunto de los sevillanos y, por ende, a la ciudad”, apuntando que van a usar sus “votos y la influencia que podamos ejercer” para “combatir las políticas de izquierda porque son malas para los sevillanos y a la vista está”.
Eso sí, ha avisado de que “aún queda la aprobación definitiva de las ordenanzas por el pleno municipal, esperamos que el PP cumpla con su promesa de bajar los impuestos a los sevillanos que es una de nuestras principales reivindicaciones”.
Tras la comisión, el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha criticado que el “bipartito Sanz-Vox” impida la aplicación del recargo del IBI a las viviendas desocupadas pactado por el Gobierno local y el PSOE para las ordenanzas fiscales de 2024 y, además, "dará un rejonazo de muerte" a la progresividad fiscal, una “auténtica línea roja” para los socialistas, "que contribuyan más a sufragar los servicios públicos quienes más ingresan o más propiedades tienen".
Según Muñoz, este recargo del IBI buscaba “facilitar que salieran al mercado del alquiler” esas viviendas desocupadas, lo que ha unido al acuerdo entre PP y Vox, con “asociaciones de viviendas turísticas y fondos de inversión especializados” para regular los pisos turísticos, por lo que “queda muy claro que este gobierno está facilitando la especulación con la vivienda”.
También ha criticado que el pasado año el PSOE introdujo una enmienda para impedir que las viviendas turísticas tuvieran bonificaciones por obras en el ICO pero el Gobierno local “ni tan siquiera ha hecho el trabajo de cruzar los datos del padrón y los de Emasesa para que la Agencia Tributaria de Sevilla tenga ese censo de viviendas desocupadas para su trabajo interno, lo que le ha llevado a concluir que “Sanz no es de fiar no sólo en cuanto a lo que dice, sino también en cuanto a lo que suscribe”.
Ante estas críticas, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha apuntado que han intentado “consensuar con todos los partidos político el mayor número de enmiendas posibles, pero algunas no se han podido acoger porque estaban fuera de la normativa aplicable” y ha acusado al PSOE de “postureo” cuando las ordenanzas han sido diseñadas “para apoyar a las familias numerosas, a los negocios afectados por las obras y a los comercios emblemáticos de Sevilla”.
En esta línea, Bueno ha declarado que la propuesta del Gobierno municipal es “mantener una política de bonificaciones para quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, seguimos en la senda de la bajada de impuestos, congelando todas las tasas locales y los precios públicos, salvo en el caso del Real Alcázar, donde ajustaremos las tarifas para eliminar disparidades”.
Por su parte, Con Podemos-IU ha presentado en demanda de "una mayor justicia fiscal y de proteger a los sectores más vulnerables de la ciudad", según su portavoz adjunto, Ismael Sánchez, que se ha mostrado contrario tanto a las modificaciones del IBI para familias numerosas y a la subida de tarifas del Alcázar, al entender que "la cultura debe ser accesible para todas las personas, y no podemos permitir que el acceso a un patrimonio tan importante como el Alcázar se vea restringido por un aumento en las tarifas”.
