La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha acogido este miércoles la comparecencia como acusado de Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de la empresa de capital de riesgo Invercaria, perteneciente a la Junta de Andalucía, en el marco del juicio relativo a los préstamos por importe de 716.000 euros concedidos por dicha sociedad a la entidad Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), destinada a funcionar como portal de ferias virtuales y participada por Invercaria.
Pérez-Sauquillo se ha sentado de nuevo en el banquillo de los acusados, después de que en una sesión anterior, a petición de la Fiscalía, fuese leída la transcripción de su comparecencia en instrucción en 2013 y escuchada una grabación de su declaración en los mismos términos de 2016.
En la primera de estas comparecencias, la de 2013, Pérez-Sauquillo admitía que la idea de crear FIVA fue "iniciativa" suya y que Invercaria destinó inicialmente 600.000 euros para participar en el capital social de la nueva sociedad y para préstamos participativos, si bien alegaba que él "no llevaba" la gestión de FIVA, porque "no era el presidente ejecutivo" del ente ni "el alma visible" del mismo.
Además, descartaba relaciones previas personales o de otra índole con la cúpula de Novasoft, entidad participante en FIVA, asegurando que FIVA "no prosperó" por motivos técnicos y que él no se había "apropiado de dinero público" ni había "facilitado" que lo hicieran "terceros".
Ya este miércoles, Pérez-Sauquillo, quien sólo ha admitido preguntas de su abogado defensor, ha defendido que el proyecto FIVA suponía "una gran oportunidad para las Pymes andaluzas" y que tras plantear él la creación de dicho portal digital de ferias virtuales, la idea "entusiasmó a todo el mundo". "Esa fue la verdad", ha enfatizado.
Además, ha insistido especialmente en que el plan director de Invercaria era sólo un "documento orientativo" de carácter "interno", que según sus palabras estipulaba que proyectos como el de FIVA debían ser analizados "por técnicos", pero sin especificar a un profesional o responsable concreto, según ha asegurado.
En cualquier caso, ha defendido que el proyecto FIVA fue "el más analizado de todos en los que ha invertido Invercaria", contando con un informe de una empresa especializada en el sector, elaborado por un experto en la materia, como documento "previo" al posterior plan de negocios aportado para la inversión en esta entonces naciente sociedad, participada por Invercaria, Novasoft, Grupo Imagen y Corporación Gráfica.
El análisis del proyecto de inversión en FIVA, según sus palabras, "no pudo ser mayor", alegando además que si bien Invercaria aprobó en efecto "una reserva" de 600.000 euros para su inversión en FIVA, entonces no fue fijada "fecha de desembolso" de dicho dinero, con lo que el "único desembolso" inicial de Invercaria para la creación de FIVA fue de 12.000 euros y no fue hasta "un año y pico después", cuando el consejo de administración de Invercaria aprobó "por unanimidad" una ampliación de capital en FIVA.
Igualmente, ha defendido que para estas operaciones, siempre contó con el respaldo de sus "técnicos", sin haber tenido constancia alguna de informes técnicos contrarios a sus propuestas, según ha asegurado. En ese marco, ha señalado las "continuas contradicciones" del ex director del departamento de Análisis de Invercaria Manuel Rodríguez y del ex director de Promoción Cristóbal Cantos, en sus manifestaciones acerca de las inversiones de la entidad.
Sobre todo porque, según ha avisado, Manuel Rodríguez, por ejemplo, "asistía a todos los consejos de administración" de Invercaria y él no habría "firmado ningún acta" que dicho técnico no hubiese revisado antes. Al hilo, ha expuesto la posibilidad de que las "contradicciones" de ambos a la hora de prestar declaración como testigos deriven de su "miedo a ser imputados".
Además, el expresidente de Invercaria ha alegado una supuesta situación de "enorme indefensión", al no facilitarle la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependía Invercaria, los correos emitidos y recibidos en la cuenta de correo electrónico con la que contaba como presidente de la entidad, unos correos que considera necesarios para su defensa.
El juicio, recordémoslo, se dirige contra los expresidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, toda vez que Pérez-Sauquillo ha sido condenado anteriormente a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad, a tres años de cárcel por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa y a la misma pena por las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.
Tomás Pérez-Sauquillo, en ese sentido, anunciaba recientemente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, frente a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia que le condena a tres años y medio de prisión, por un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación por la concesión arbitraria de un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tatis.
También figuran entre los acusados de este juicio los que fueran consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, otrora director de finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), de la que dependía Invercaria; la exsecretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro Aramberri, condenada por las ayudas a Cedes Electria (en informaciones anteriores se indicaba erróneamente que también había sido condenada por el juicio por los gastos de personal); el exdirector de Inversiones Estratégicas de IDEA Bienvenido Martínez; el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete; Ramón Martín López; el exdirector financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido y Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del expresidente de Invercaria.
Figuran igualmente como encartados el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tras cosechar FIVA fondos de Invercaria, los acusados "permitieron un ilícito enriquecimiento de terceros como los socios promotores de FIVA encausados, los cuales, desde el inicio del proyecto habían venido facturando servicios a la mercantil, aun conociendo la falta de rentabilidad económica y técnica del proyecto".
