La Comisión Nacional de Energía (CNE), órgano regulador del mercado español de la electricidad, acaba de proponer al Gobierno que la luz cueste un 31 por ciento más a partir del día 1 de enero.

De ser aprobada esa sugerencia, ya calificada como “una barbaridad” por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, la factura anual de una familia media andaluza se encarecería unos 170 euros.

El presidente Zapatero también intervino ante el informe de la CNE y manifestó en Bruselas que la subida planteada está “alejadísima de los objetivos que tiene el Gobierno”. “No merece la pena que ni siquiera se la tome en consideración”, dijo desde Bruselas.

Conforme a la ley, la CNE debe ser oída sobre la actualización del precio de las tarifas eléctricas, que ahora se revisan trimestralmente. Pero es el Gobierno, singularmente al departamento de Miguel Sebastián, el competente para decidir.

La dinámica suele ser la siguiente: cada vez que se aproxima el plazo de una revisión de precios -antes anual-, la Comisión emite un informe, preceptivo y no vinculante, que sistemáticamente alerta sobre los desfases económicos del sistema tarifario español, cuyos ingresos no dan para cubrir los costes reales, y plantea incrementos a menudo importantes; a renglón seguido, Industria ha decidido en alguna ocasión congelar los precios -como ocurrió el pasado marzo- y, las más, ir a un incremento inferior al planteado por los consejeros de la CNE.

Subidas anteriores en 2008

El pasado julio, la Comisión defendió una subida superior al 11 por ciento y el Gobierno la dejó en una media del 5,6 por ciento, aunque para el hogar más común llegó al 7 por ciento. En enero la luz ya había subido otro 3,3 por ciento.

Con arreglo a ese esquema, en el sector eléctrico se interpreta el informe de la CNE como un indicio de que la subida de la luz de enero será importante. El regulador energético propone, en concreto, un incremento medio del 31 por ciento de la llamada tarifa integral, la que afecta a unos 23 millones de consumidores domésticos. Se expone también la conveniencia de elevar el 92 por ciento la denominada tarifa de acceso. Ésta última la pagan las empresas y algunos hogares que han contratado su suministro en el mercado liberalizado y que tienen que abonar al sistema un cargo correspondiente a los peajes y otros gastos por el uso de las infraestructuras energéticas.

740 euros anuales de factura

Si se llegara a aplicar la subida del 31 por ciento, el impacto podría ser el siguiente: un hogar medio andaluz consume anualmente unos 3.600 kilovatios hora, estimación, contrastada con expertos, que incluye que la casa esté equipada con calefacción y sistema de agua caliente con gas natural; ahora esa familia paga unos 570 euros anuales por la factura eléctrica; abonaría 740 euros con un aumento del 31 por ciento. La CNE vuelve a airear el problema del llamado “déficit tarifario” para defender la subida de la luz. Tal déficit es el que se produce entre los ingresos del sistema, lo que pagan los ciudadanos, y los costes, que incluyen el gasto en la generación, transporte y distribución, pero también otros como las subvenciones a las energías renovables.
El déficit, que comenzó a acumularse con el PP en el Gobierno, alcanzará este año los 14.000 millones de euros. Y su liquidación ha abierto un nuevo pulso entre la industria eléctrica y el Gobierno. Las empresas del kilovatio, que este año han ganado 10.000 millones de euros, temen que el déficit termine por dañar sus cuentas y exigen una solución estable que acabe con la provisionalidad de las medidas que se han tomado hasta ahora. El Ejecutivo trata de evitar que la resolución del “pufo” de la tarifa eléctrica se traslade por completo a los consumidores.