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San Fernando

Cierran el expediente sobre el uso de las tarjetas de suministro de combustible sin responsables

El propio interventor se muestra contrario a esta medida ya que el informe no recoge sanción alguna, ni siquiera administrativa, dice León.

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"Un nuevo escándalo y un nuevo carpetazo por parte del equipo de José Loaiza para evitar que se diriman las responsabilidades correspondientes". Así al menos lo denuncia el PSOE de San Fernando, que expone que el PP prefiere pasar de puntillas por el uso "irregular" de las tarjetas de suministro de combustible, “para que no se arme revuelo”, en vez de preocuparse por los intereses de la ciudad y profundizar en las causas que permitieron que vehículos particulares llenaran sus depósitos con gasolina pagada por “los bolsillos de todos los isleños”.

El Partido Popular ha cerrado el expediente informativo sobre el tema sin dirimir ningún tipo de responsabilidad, algo que no solo le parece extraño a los socialistas, sino sobre lo que también llama la atención el interventor municipal en un informe en el que especifica que no se puede atajar por el simple hecho de considerarse una “práctica habitual”.

Es más, incluso alude a la existencia en la elaboración de la resolución, de hechos incorrectos que se determinan como acreditado por el instructor y apreciaciones del propio instructor “que evidencian el desconocimiento de la normativa y procedimiento del control interno”, motivo por el que el interventor en su informe procede a formular las siguientes consideraciones.

En primer lugar, se afirma en la instrucción que no está acreditado quién solicitó las tarjetas por primera vez y a quién se les entregaron, lo cual según el interventor no es cierto ya que consta oficio del área de Economía y Hacienda de la petición expresa del técnico a cargo del servicio y que fueron recepcionadas por este en fecha de 2 de marzo del 2002. Desde entonces las tarjetas se han renovado anualmente.

Por otro lado se expone en la resolución que nadie advirtió al inculpado que utilizase la tarjeta únicamente para suministrar al vehículo mencionado en la misma. Un hecho que tampoco es cierto, pues el propio interventor asegura que en el oficio de dicha Delegación de Economía y Hacienda se especifican las condiciones de su uso y literalmente se menciona que el uso de tales tarjetas “es restringido y en principio solo para los vehículos municipales”.

Incluso llega a poner en evidencia al propio alcalde, que es el que firma el decreto, afirmando que es rigurosamente falso que las tarjetas las entregara la Intervención, pues no está en sus competencias la gestión de los suministros y sí el control del gasto. Y va más allá al poner nombre y apellidos del responsable del control en la utilización de las tarjetas y de que se haya producido este lamentable asunto.

Un hecho cuyo coste se estima en unos 43.000 euros, es decir que del periodo de 2008 a 2011 los isleños han estado pagando el suministro de diferentes vehículos por valor de 43.000 euros y sin embargo el expediente informativo que se abrió para investigar el hecho no solo determina que no existe sanción económica, sino que tan siquiera se aprecia la necesidad de depurar responsabilidades administrativas.

Y eso a pesar de que desde un principio se denunció por parte de los socialistas y del interventor la utilización de las tarjetas concertadas con las estaciones de servicio y que están asociadas a un determinado vehículo municipal, que se identifica con su propia matrícula, para hacer doble repostaje en un mismo día o todos los viernes de cada mes, incluido el de vacaciones, en días no laborables.

“Cara de tonto es la que se les queda a los isleños al comprobar como estos casos se cierran sin ningún apercibimiento serio ni intención de resolverlo de una forma definitiva. Y no es la primera vez. Y mucho nos tememos que no será la última. Cuando denunciamos la doble facturación del alcantarillado el PP sacó su famoso retintín de que solo queremos perjudicar su buena gestión y minar la moral de los isleños, pero finalizó con la retirada del servicio a la empresa. Más de lo mismo cuando la galería de tiro, y el uso privado de una instalación municipal con beneficios para una persona acabó con solo cinco días de suspensión de empleo y sueldo. Ahora que se demuestra que los isleños han pagado de su bolsillo 43.000 euros para gasolina de vehículos privados, tampoco entienden que se deba depurar responsabilidades. Esta es la forma de gobernar del PP, la de tapar los escándalos para que no se vea su nefasta gestión en el Ayuntamiento. En vez de preocuparse por trabajar más y mejor prefieren centrar sus esfuerzos en borrar sus meteduras de pata”, finalizó León.

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