Tras casi un año de espera, la ex alcaldesa de Rota, María Eva Corrales, con una sentencia condenatoria por el conocido como 'caso Horas Extra' que pide para ella cuatro años y medo de prisión, recibe ahora la noticia de que la Audiencia Provincial de Cádiz defiende ahora su petición de indulto. Así lo ha publicado el Diario de Cádiz este fin de semana, explicando que el Tribunal de la Sección Cuarta, que condenó a la ex alcaldesa, considera ahora que la pena impuesta es "severa" respecto al delito que se juzga.
El diario provincial desvela que un informe emitido por dicho Tribunal se apoya además en cuatro cuestiones para respaldar el no ingreso en prisión de la ex alcaldesa: la falta de "peligrosidad" de la condenada, la antigüedad de los hechos juzgados, la ausencia de antecedentes penales en el momento en que se dictó la sentencia de este caso, y la "severidad" y "desproporcionalidad" de la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito de falsedad de documento oficial.
Además, la misma Audiencia Provincial respalda la no entrada en prisión de la ex popular mientras el Gobierno no resuelva la petición de indulto efectuada por la condenada el pasado 24 de octubre de 2016, para el cual una Plataforma encabezada por su madre, Manoli Caballero, recogió casi 7.000 firmas de respaldo.
Hay que recordar que la sentencia del caso 'Horas Extra', que juzgaba unos hechos sucedidos entre 2004 y 2010, cuando Eva Corrales era concejal delegada de Fiestas y luego de Relaciones Institucionales, condenaba el hecho de que ante la necesidad de la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de adquirir una serie de bandas de Sirenas, Ninfas de Carnaval y Damas de las Fiestas Populares, la concejal delegada, María Eva Corrales Caballero y el responsable técnico de tal Delegación José María Caballero Márquez, acordaron que se efectuasen estas prendas en el taller de Manuel García Rodríguez, funcionario del Ayuntamiento de Rota destinado en Gestión Tributaria, "a pesar de constarles la prohibición que pesaba sobre tal persona de efectuar tal encargo por ser funcionario del Ayuntamiento, y con la finalidad de ocultar este hecho se convino por los dos primeros citados que las facturas se emitirían a nombre de Josefa Moreno Rebollo, esposa de Manuel García".
La sentencia de instancia basó su condena en las facturas emitidas durante los años 2004, 2005 y 2006 por los conceptos antes expresados. En las facturas no se desglosaban los conceptos, figurando en ellas las firmas y sellos, tanto de la delegada de Fiestas María Eva como del técnico José María, ya que sin sus firmas no se podían abonar. "A partir del año 2007 Manuel García que era quien de hecho confeccionaba en su taller de costura las prendas, solicitó que constase en su nómina la retribución por estos trabajos bajo la fórmula de horas extraordinarias".
El Tribunal Supremo, que ratificó la condena de la Audiencia Provincial, consideró acreditado que la relación de horas extraordinarias abonadas a Manuel García en realidad encubrían los pagos por tales trabajos efectuados en su taller de costura. En concreto entre enero de 2007 a agosto de 2010 se le adjudicaron a Manuel García Moreno suministros por importe de 42.363'306 € que le fueron abonados en su nómina por un total de 4.398 horas extraordinarias.
Las penas que se ratificaron en su momento para los otros siete acusados fueron 4 años y medio de cárcel, y 5 años y 3 meses de inhabilitación especial, respectivamente, para el exconcejal Ismael Puyana Román, el exresponsable técnico de la Delegación de Fiestas José María Caballero Márquez, y los funcionarios Manuela Serrano y Francisco Arjona; 2 años de cárcel y 5 años y 3 meses de inhabilitación para Manuel García Rodríguez (funcionario de tributos del Ayuntamiento y persona que confeccionaba la costura de forma irregular para la Delegación de Fiestas); 5 años y 3 meses de inhabilitación para la mujer de éste último, Josefa Moreno Rebollo; y 2 años y 7 meses de inhabilitación para el exinterventor Miguel Fuentes. El que fuera alcalde durante el periodo de hechos juzgados, Lorenzo Sánchez, fue absuelto de la causa.
El hecho de que el resto de funcionarios condenados hayan recibido del Gobierno de la Nación el indulto parcial de sus penas, evitando así la entrada en la cárcel, hacen que las posibilidades de la ex alcaldesa de recibir el mismo trato aumenten, y ahora se ven reforzadas por este informe de la Audiencia Provincial. La única diferencia es que se trataba de empleados públicos, frente al papel de la que fuera primera alcaldesa mujer de Rota como cargo electo.
Eva Corrales ha sido sentenciada a siete años de inhabilitación especial por el denominado 'Caso Uniformes' por la Audiencia Provincial, sentencia también pendiente de confirmación por parte del Tribunal Supremo, y tendrá que volver a enfrentarse a los Tribunales por el caso 'de los Convenios Urbanísticos', que investiga la supuesta adjudicación irregular de una serie de proyectos a la constructora 'Felipe Castellano' a cambio de la compra de materiales a empresas propiedad del ex alcalde Lorenzo Sánchez Alonso, cuando Eva Corrales era delegada municipal de Planeamiento en el Ayuntamiento de Rota. En este caso se piden 12 años de inhabilitación por prevaricación.
