En estos días en los que las bajas temperaturas campan a sus anchas por nuestro país, y en los que además los medios de comunicación han dado a conocer la subida del gas butano y del precio de la energía eléctrica, Izquierda Unida ha anunciado que llevará a Pleno una moción Izquierda Unida para exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y, en concreto, para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos.
Además, exigirán la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas, y por ende la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico, solicitando que se de traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
La pobreza energética, según recuerdan desde Izquierda Unida, se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficiencia energética.
Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales -ACA- sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5'1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo dos años -desde 2012 a 2014. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética, y que un 6%, es decir, 2'6 millones de personas, dedican más del 15% de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente a las áreas urbanas y periurbanas.
Este estudio también pone de manifiesto cómo no sólo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario; los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética.
La UE también comparte este diagnóstico y ya en las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas, respectivamente, se plantean exigencias que obligan a los Estados Miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética.
El Dictamen del CESE —Comité Económico y Social Europeo— de 2011 sobre «La Pobreza Energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica» señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética.
Por otra parte, el Estado español es el país de la UE27 con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre (FACUA 2012). Según datos de Cruz Roja de 2012, en dos años el gas se ha incrementado el 22%; la luz el 34%; el agua el 8,5%, y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, desde 2001 a 2012 la factura de electricidad en España cuesta de media un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en el caso del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. La subida de los precios de la energía en plena ola de frio es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español.
Desde Izquierda Unida tienen claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público de este sector, frente a su actual status de suculento negocio para las grandes compañías eléctricas y gasísticas.
