El magistrado presidente del tribunal de jurado ha dictado hoy una orden de busca, captura e ingreso en prisión del que fuera secretario interventor del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro tras no comparecer al juicio que se iba a iniciar contra él.

El procesado se enfrenta a una petición fiscal de doce años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales y falsedad en documento público, pero no ha comparecido en la Audiencia Provincial de Málaga y está ilocalizable.

Tras comparecer los miembros de jurado, el presidente del tribunal, el magistrado Fernando González Zubieta, ha decidido esperar mas de tres horas por si el acusado aparecía, pero tras no poder ser localizado ni por su abogado defensor se ha decretado la orden de busca, captura y detención.

Si en las próximas horas es detenido, el juicio comenzaría mañana a las 10.00 horas, según han informado a Efe fuentes judiciales.

El procesado está acusado de un delito de malversación continuada que ascendería a 338.247 euros durante 2007, 2008 y 2009, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Además de la pena de cárcel, se pide una multa de 5.400 euros y que indemnice al Ayuntamiento con el total de las cantidades sustraídas.

Según el relato acusatorio, el procesado ha prestado en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro los servicios en dos periodos desde enero de 1987 hasta diciembre de 1991 y en 1994.

El acusado, en su función de secretario-interventor del citado Ayuntamiento y aprovechándose de su cargo, procedió "con ánimo de lucro" a rellenar cheques en blanco y firmados por el alcalde y el teniente de alcalde para atender a pagos urgentes.

El fiscal destaca que no existía justificación de dicho pago urgente ni mandamiento de pago ordenado por el alcalde, ingresando las distintas cantidades en su propio patrimonio.

El procesado se apoderó en total de 338.247 euros y para tratar de justificar algunas de estas cantidades elaboró tres mandamientos de pago, sin corresponder a ninguna realidad y sin justificación ni aprobación previa por parte de la corporación local, según el fiscal.

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