La concejal de Contratación en el Ayuntamiento de Ronda, María del Carmen Martínez, ha hecho pública este miércoles la reclamación presentada por la hasta ahora concesionaria del servicio de grúa municipal, la empresa Setex Aparki, por valor de 653.632 euros, una solicitud que la edil ha calificado como "graciosa" para advertir a renglón seguido que el Ayuntamiento "no va a pagar". La concejal no ha dudado en marcar el camino a la empresa al asegurar que "acabaremos en los juzgados".
La reclamación, sin embargo, está prevista en una de las clausulas del contrato firmado en 2008 entre el Ayuntamiento y Setex Aparki, la conocida clausula de compensación de equilibrio económico de los contratos públicos, que permite reclamar pérdidas si es que existen circunstancias sobrevenidas que den lugar a la ruptura del equilibrio financiero de cualquier explotación, en este caso el referido servicio público de grúa.
Martínez ha hecho el anuncio durante una rueda de prensa en la que respondía a las acusaciones del PSOE en torno a la situación legal en que han quedado los trabajadores que Setex Aparki tenía en Ronda tras romperse el acuerdo entre la empresa y el Ayuntamiento. Los socialistas hablaron de una situación de "limbo" que les impide, entre otras cosas, tener derecho a las prestaciones por desempleo. Martínez, sin embargo, ha negado que el contrato refiera relación alguna entre los trabajadores y el Ayuntamiento y ha advertido que tendrá que ser la empresa quien abone el finiquito por su despido y puedan de este modo solicitar dichas prestaciones.
Al final, Martínez ha negado que el Ayuntamiento haya privatizado de nuevo el servicio de grúa, asegurando que sólo se ha licitado la contratación del vehículo grúa y el conductor que ahora prestan ese servicio: "Es el Ayuntamiento quien recauda y gestiona", aseveró.
TENSA RELACIÓN
El Ayuntamiento ha reiterado una y otra vez en las últimas semanas que la empresa Setex Aparki no estaba interesada en continuar prestando servicios en Ronda para referir la terminación del contrato suscrito entre ambas partes en el año 2008. La tensión entre el actual Gobierno y la empresa, sin embargo, no ha logrado esconderse y, así en mayo de 2012, fuentes de la empresa llegaron a denunciar la retirada de los agentes de Policía que acompañaban a la grúa para interponer sanciones. Dichas fuentes revelaron entonces a RONDA SEMANAL que la intención no sería sino "provocar, sin tener que rescindir el contrato con su correspondiente indemnización, que sea la empresa la que abandone, por falta de ingresos". Relataron entonces a este periódico que si diariamente se venían retirando entre 6 y 10 vehículos de media cada día en Ronda, en una semana en concreto apenas se retiraron 2 ó 3, dado que sin agentes de Policía Local la empresa no pudo retirar ningún vehículo de la vía pública de no ser que se recibiese algún aviso o emergencia.
Las aguas parecieron calmarse más tarde, hasta que el contrato ha vencido. Aún así, el Gobierno no ha dudado en afirmar que la propia empresa no quiso seguir trabajando en Ronda.
