La suspensión cautelar que ha acordado mantener el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, conocida como 'ley antidesahucios', mantiene "paralizados" en Granada 18 expedientes de expropiación de viviendas embargadas por entidades financieras a personas en riesgo de exclusión social que se iniciaron para evitar su desalojo.
De esos 18 expedientes abiertos en su momento desde la Delegación de Fomento y Vivienda, seis llegaron a publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para iniciar el procedimiento y se referían a viviendas situadas en Motril (dos), Carchuna, Huétor Vega, Valle del Zalabí y las Gabias.
De esos seis expedientes, cuatro ya habían cumplimentado todos los trámites y habían sido enviados a los servicios centrales de la Consejería en Sevilla, mientras que los otros dos, que se publicaron en el BOJA en diciembre, estaban pendientes de que finalizara el trámite de alegaciones que podían hacer las entidades financieras implicadas.
Así lo ha informado a Europa Press el jefe del Servicio de Vivienda de la Junta en Granada, Nahum Álvarez, quien ha señalado que, además de estos seis, en la provincia se habían abierto otros doce expedientes de expropiación de viviendas a bancos que estaban en proceso de obtener la documentación para completarlos.
Ahora "está todo paralizado", cada expediente en el trámite en que se encontraba cuando el TC decretó el pasado enero la suspensión cautelar de la citada ley antidesahucios, que fue recurrida por el Gobierno central.
El pleno del Alto Tribunal acordó este pasado martes mantener la suspensión cautelar de la norma hasta que se dicte sentencia, de modo que se mantiene la suspensión de los preceptos de la ley que permiten sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas vacías y expropiarles temporalmente el uso de viviendas para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social acreditado.
