El PP de Atarfe (Granada), que en la tarde de este martes tenía previsto celebrar un comité ejecutivo para que cuatro de los seis concejales en la corporación local presentaran su dimisión y renuncia a su acta en el Ayuntamiento, ha suspendido la reunión después de que uno de los ediles haya sufrido un infarto, según han informado a Europa Press fuentes del partido a nivel local.
En el comité, tenían previsto renunciar tanto la secretaria general del PP en Atarfe, María del Carmen Osuna, como el presidente del PP a nivel local y portavoz, José Manuel Aranda, que ha tomado esta decisión después de denunciar que dos de las ediles del grupo municipal habían roto la disciplina del partido hasta en cuatro ocasiones, votando a favor del equipo de gobierno en Atarfe, del PSOE, y pactado su destitución y la de Osuna en empresas municipales como Proyecto Atarfe y Acidesa.
Aranda, que pidió al PP a nivel provincial que tomara una decisión "rápida" al respecto, ha recibido este mismo martes una comunicación verbal de que ha sido cesado en su puesto en Diputación como coordinador de Nuevas Tecnologías, en el área de la que se encarga la diputada Rosa Fuentes, lo que él entiende como una "desautorización" de su partido, que gobierna en la institución provincial.
En declaraciones a Europa Press, Aranda ha explicado que él y los tres concejales del grupo han decidido su salida "en todos los ámbitos del partido", y así lo propondrán ante el comité ejecutivo local, porque no pueden "soportar más" sentarse "con personas presuntamente relacionadas con la corrupción", en referencia a la edil María del Carmen Contreras, que es la pareja de uno de los imputados en el denominado caso 'Mercamed'.
El todavía portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe ha criticado que su partido haya decidido no apoyar "a los que han trabajado con honestidad y honradez" y ha señalado que los cuatro ediles no pasarán al grupo de no adscritos sino que abandonarán las siglas del PP, con lo que el partido debería nombrar en su caso a otros cuatro ediles en el Ayuntamiento, que acompañarían en el grupo tanto a Contreras como a Silvia Rodríguez Pérez.
La secretaria general del PP en Granada, Luisa García Chamorro, ya informó a Europa Press la semana pasada de que propondrá a su comité ejecutivo, que celebrará una reunión en la primera semana de marzo, abrir un expediente administrativo para aclarar "lo que está ocurriendo en Atarfe", y aseguró que en este caso el PP prevé "aplicar los estatutos" y estudiará "de quién es la responsabilidad" de lo que está pasando, remitiendo a Sevilla el expediente para su estudio.
El presidente y portavoz del PP en Atarfe y el resto de concejales 'populares' llegaron a remitir dos escritos a la dirección provincial informando del asunto de las dos ediles que han roto la disciplina de partido y solicitando su suspensión de militancia.
Además, en abril de 2012, en cuanto el comité ejecutivo del PP de Atarfe tuvo conocimiento de que una de las concejales, en este caso María del Carmen Contreras, estaba relacionada con el caso 'Mercamed', por la imputación de su marido, el empresario G.A.G., de la empresa GM Ocio C.B., éste pidió por escrito al PP granadino que se tomaran medidas contra esta edil para evitar que el asunto acabara "arruinando" la "buena imagen" del partido.
Preguntado por este asunto, Aranda dijo recientemente a Europa Press que considera "una vergüenza" que continúe en las filas del PP una concejal que presuntamente "come y vive" de la falsificación de facturas por parte de su marido, imputado "en una de las mayores corruptelas de la provincia".
Para el presidente del PP local, estas dos concejales se están convirtiendo en el apoyo de un equipo de gobierno que tiene como alcalde al socialista Tomás Ruiz Maeso, que se sentará próximamente en el banquillo por la concesión presuntamente irregular de las licencias de primera ocupación de las viviendas del residencial Medina Elvira pese a estar inacabadas, y está acusado en otros casos de supuestas irregularidades urbanísticas junto a su antecesor en el cargo, Víctor Sánchez. "Es un golpe de estado de estas dos concejales que se han arrodillado a presuntos corruptos", advirtió Aranda.
