El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, del que es titular el magistrado Antonio Moreno, ha concluido la investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira en Atarfe (Granada), imputando al actual alcalde del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y a su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez.

   Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que transforma las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, pidiendo a las partes personadas que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreimiento de la causa, o, excepcionalmente, nuevas diligencias complementarias "absolutamente imprescindibles".

   El juez ve indicios de la comisión de los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, estafa, y defraudación de fluidos eléctricos, por los que también imputa al arquitecto municipal Luis Gustavo G.C., el secretario del Ayuntamiento, José Antonio L.G., el representante legal de Bareo Investments y Valdigolf --la empresa propietaria de los terrenos--, Orfeo B.R, y los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica, José G.V.L.G.L. y Marcelino M.D.F.

   Según consta en la resolución, tanto Sánchez como Ruiz Maeso, "aprovechándose" de sus cargos municipales, concedieron "irregularmente" licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial, "favoreciendo y permitiendo a dichas sociedades" la venta de inmuebles urbanizables de Medina Elvira, "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos para su ocupación y habitabilidad" entre 2008 y 2010.

   La irregularidad se constata, según se señala en el auto, en los expedientes , que carecían de la preceptiva documentación legalmente exigible, pues no tienen informe técnico y/o jurídico, o el existente "resulta desfavorable", de lo que tenía conocimiento tanto el secretario como el arquitecto municipales.

   Para el instructor, los propietarios de las viviendas resultaron "engañados" por las promotoras Bareo Investments, Vladigolf, Península Project Management S.L., Costaind S.A. y Costa Indalica S.A., ya que éstas procedieron a la venta de los pisos, "con pleno conocimiento de que las obras de ejecución no se encontraban finalizadas, ni dotadas las viviendas de los servicios necesarios para la ocupación y habitabilidad; apreciándose, por tanto, la concurrencia de engaño bastante para obtener un desplazamiento patrimonial a su favor, con ánimo de lucro".

   En lo que a la posible defraudación del suministro de agua se refiere, subraya que "únicamente se ha constatado que con el consentimiento o no de Aguasvira las viviendas del Plan Parcial SR-20 (residencial Medina Elvira), están dotadas de servicio de agua a través de contrato de aguas para obras, sin que exista contrato individual; sin saber si el suministro está siendo pagado por las promotoras, por el Ayuntamiento o por la EUC, pero en ningún caso se realiza abono alguno por los propietarios de las viviendas".

   Por este asunto declararon ante el juez tanto el exalcalde como el actual regidor, que el pasado 15 de octubre aludió a su desconocimiento en asuntos urbanísticos, y señalando que cuando las licencias de primera ocupación se concedieron tan solo llevaba dos meses al frente del Ayuntamiento.
LAS REIVINDICACIONES DE LOS PROPIETARIOS

   Recientemente, los propietarios de las viviendas de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales que cuenta con un campo de golf de 18 hoyos hoy abandonado, reclamaron la conclusión de las obras, que les permita contar con servicios esenciales como luz o agua potable, o indemnizaciones que resarzan la "estafa" de la que se ven víctimas.

   La urbanización, que actualmente está pendiente otro proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 4, fue concebida entre los años 2004 y 2005 por el promotor Maximiliano Balboa, que contó con el respaldo del entonces alcalde, Víctor Sánchez (PSOE), para levantar un total de 3.500 viviendas en una zona que, según han señalado a Europa Press integrantes de Salvemos la Vega, incluía barrancos y suelos no urbanizables por su especial protección. Actualmente, en el terreno, muy cercano al pantano de Cubillas, se edificaron un total de 990 viviendas, de las que están terminadas 430.

   El campo de golf estuvo operativo hasta hace un año y, pese a que aún cuenta con socios, está "abandonado" y luce carteles que advierten del "peligro de ganado suelto', ya que pueden verse en el lugar caballos salvajes, o "campo cerrado por cese de actividad. La empresa no se hace responsable".

   De todas las viviendas construidas, sólo se han vendido un total de 49, y en algunas urbanizaciones hay tan solo un vecino. El propietario del suelo, Vladiglof, consiguió vender, según las fuentes consultadas, 10 parcelas de un total de 23 por más de 85 millones de euros, mientras que las restantes las hipotecó por 37 millones de euros con distintas entidades financieras.