El juez de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela: el ex senador del PP Rodolfo Aínsa, otro concejal del municipio, Fernando Barba, y dos hermanos empresarios. 

Al ex senador del PP y ex presidente de la Diputación de Huesca se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París, uno de cohecho, y a su hermano Luis Alberto, uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, comunicaron a Efe fuentes judiciales. 

Por su parte, el concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado por los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua. 

Con estas cuatro personas, que deberán declarar ante el juez Alfredo Lajusticia el próximo viernes, son 30 los imputados por la trama de corrupción urbanística de La Muela, que se destapó el 18 de marzo y por la que están en prisión la alcaldesa María Victoria Pinilla y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela. 

Fernando Miguel Barba se ocupa en el Ayuntamiento de La Muela de las concejalías de Alumbrado, agua, residuos, mantenimiento de edificios y trafico, de la del Polígono industrial Centrovía y de la de Urbanizaciones. 

Por su parte, Emilio y Luis Alberto París son los responsables de la empresa Construcsa, especializada en la ejecución de obra civil y en el desarrollo de proyectos singulares desde su fundación, en el año 2000. 

El juez explica que debido a la existencia de nuevos informes del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía se podrían acordar nuevas imputaciones a María Victoria Pinilla y al empresario Patxi Aranburu, otro de los implicados que se encuentra en libertad. 

El ministerio público ha pedido que se tome declaración como testigo a la secretaria de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio, Eva Salas, y a dos peritos, para que valoren documentos del sumario del caso. 

Lajusticia también ha pedido más pruebas y datos sobre unas fincas al registro de la propiedad de La Almunia, a la Agencia Tributaria y a una empresa de la construcción de Zaragoza.