El Partido Comunista de China (PCCh) ha defendido la legalidad del proceso judicial desarrollado contra el ex dirigente local Bo Xilai, tras conocerse que ha apelado el fallo que le condena a cadena perpetua por varios cargos de corrupción.
"El caso de Bo Xilai ha seguido los principios legales básicos y puede considerarse un ejemplo", han sostenido las autoridades chinas en un artículo publicado hoy en el 'Daily Legal' y recogido por la agencia de noticias oficial, Xinhua.
El PCCh ha argumentado que "el juicio público ha demostrado justicia procedimental", recordando que se transmitió en directo a través de la red social china Weibo, "un movimiento sin precedentes que se ha destacado a nivel nacional e internacional".
Además, ha esgrimido que "el veredicto abierto ha seguido los principios penales de que no se puede condenar por crímenes no previstos en la ley y sin que concurran las circunstancias de responsabilidad y culpabilidad".
A este respecto, el régimen comunista ha añadido que el fallo condenatorio se basa en "hechos claros" y "evidencias suficientes", a pesar de que el acusado decidió retirar su confesión en la primera sesión del juicio.
"El caso también ha demostrado que China es un país socialista bajo el imperio de la ley, por lo que todo el mundo es igual ante la ley. No hay ciudadanos especiales ante la ley. No importa el poder político que tengan", ha aseverado.
El PCCh ha publicado este artículo de opinión después de que fuentes cercanas al proceso judicial revelaran a la agencia de noticias Reuters que Bo ya ha apelado la sentencia ante el Tribunal Supremo de Shangong, que deberá resolver en dos meses.
PROCESO JUDICIAL
El pasado domingo, el Tribunal Popular Intermediario de la ciudad de Jinan condenó a Bo a cadena perpetua por varios cargos de corrupción, atendiendo así la petición de la Fiscalía, que había solicitado un "castigo severo".
Bo ha sido condenado por aceptar más de 20 millones de yuanes (2,4 millones de euros) en sobornos de los empresarios Tang Xiaolin y Xu Ming, malversar cinco millones de yuanes (610.525 euros) de un proyecto inmobiliario del Gobierno y abusar de su poder al intentar encubrir el asesinato del empresario británico Neil Heywood.
Durante el juicio, celebrado entre el 22 y el 26 de agosto, Bo sorprendió a todos al retractarse de su declaración inicial, en la que confesó su culpabilidad, y acusó a los interrogadores del PCCh de forzarle a autoinculparse.
El ex dirigente comunista también se desmarcó de los delitos cometidos por su mujer, Gu Kailai. "Espero que la Fiscalía no quiera traer la vergüenza a nuestra tradición familiar, porque Gu no forma parte de ella", dijo.
De la misma forma, acusó a su ex jefe de Policía Wang Lijun de tener intereses ocultos. "La verdadera razón por la que ha confesado, es que tiene sentimientos hacia Gu que le han estado consumiendo. No ha podido controlarse", reveló.
El proceso judicial contra el ex dirigente comunista se ha desarrollado en medio de una gran expectación nacional e internacional, ya que se trata de uno de los mayores escándalos políticos en China de los últimos tiempos.
El caso saltó a la luz pública en marzo de 2012, cuando las autoridades chinas obligaron a Bo a renunciar a la Secretaría General del PCCh en la localidad de Chongqing por corrupción y por la muerte del empresario británico.
Esto acabó con la ascendente carrera política de Bo, que hasta entonces aspiraba a conseguir un puesto en el Comité Permanente del Politburó durante el Congreso General del PCCh que se celebró en noviembre de 2012.
CONDENAS ANTERIORES
Heywood murió en noviembre de 2011 tras ser envenenado con cianuro por la esposa de Bo, después de que, al parecer, el empresario británico amenazara con matar al hijo del matrimonio en el marco de una pelea de negocios.
En agosto de 2012, Gu fue condenada a la pena de muerte, aunque en régimen de suspensión, lo que implica que podrá eludir la pena capital y sustituirla por cadena perpetua, si mantiene un buen comportamiento durante los próximos dos años.
Un mes después, el ex jefe de Policía fue condenado a 15 años de prisión por "violar la ley en beneficio propio, aceptar sobornos, abusar del poder y desertar", después de que se declarara culpable, según la prensa oficial.
