En el escrito de conclusiones remitido a la sala de lo penal del Supremo que debe juzgar al magistrado, la fiscal Pilar Fernández-Valcarce mantiene que los letrados cuyas conversaciones fueron grabadas "conocieron tal circunstancia" y que la orden de realizar las escuchas se llevó a cabo "previniendo el derecho de defensa".
Según la Fiscalía, tampoco consta acreditado que el contenido de aquellas grabaciones fuera utilizado por Garzón para "dirigir o variar" la investigación sobre la trama de corrupción, liderada por los dos reclusos a quienes se les intervinieron las comunicaciones, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La fiscal recuerda además que el lápiz de memoria a que se refieren los investigados en una de las conversaciones grabadas y que aportaba valiosa información sobre la estructura y los pagos de la red, fue intervenido con anterioridad a las escuchas.
El pasado 11 de abril, el Tribunal Supremo ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones entre los imputados de la trama Gürtel y sus abogados por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales.
En el auto, el magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, argumenta que el juez "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que las mismas no tuvieran otro contenido "que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa".
La querella contra Garzón por estos hechos fue presentada el 9 de diciembre de 2009 por el abogado Ignacio Peláez, que defiende en el "caso Gürtel" al empresario José Luis Ulibarri, aunque posteriormente el Supremo admitió que se personaran también como acusaciones el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, que aún permanecen en prisión.
Peláez solicita para Garzón 10 años de inhabilitación, mientras que la defensa de Correa pide que sea inhabilitado 17 años y la Fiscalía reclama la absolución.
