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Viernes 17/05/2024  
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Dan diez días a ANV y PCTV para que opinen sobre su disolución

El Tribunal Supremo (TS) acordó ayer dar un plazo de diez días a los grupos municipales de ANV y al grupo Ezker Abertzalea en el Parlamento vasco, formado por los diputados del PCTV, para que opinen sobre la petición de disolución formulada por la Abogacía del Estado.

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  • La Sala del 61 del Tribunal Supremo se pronunció por 15 votos a favor y sólo uno en contra. -
  • Los magistrados pidieron alegaciones a ambas formaciones para ser más garantistas
  • Decretan el embargo de los saldos de las cuentas de ambas agrupaciones

El Tribunal Supremo (TS)  acordó ayer dar un plazo de diez días a los grupos municipales de ANV y al grupo Ezker Abertzalea en el Parlamento vasco, formado por los diputados del PCTV, para que opinen sobre la petición de disolución formulada por la Abogacía del Estado.

Así lo decidió la Sala del 61 del TS por 15 votos a favor y uno en contra, del magistrado Manuel Marchena, que estima que el Alto Tribunal podría haber acordado ayer mismo la disolución de los referidos grupos sin escuchar a las partes.

Según informaron fuentes del TS, los magistrados decidieron pedir alegaciones a ambas formaciones para ser más garantistas, ya que en el caso de Batasuna fue disuelto el grupo parlamentario sin haberle pedido alegaciones, lo que le fue recriminado por el Tribunal Constitucional.

El TS dirigirá un oficio al presidente del Parlamento vasco para que comunique dicho plazo al grupo Ezker Abertzalea; y otro a los presidentes de las Juntas Generales de Vizcaya y Álava y a los alcaldes de los 125 Ayuntamientos del País Vasco y Navarra donde ANV cuenta con grupos municipales.

El Supremo también ha iniciado el proceso de liquidación patrimonial de ANV y del EHAK-PCTV, ilegalizados por este Tribunal el pasado mes de septiembre.

Así, decretó el embargo de los saldos existentes en las cuentas corrientes, de ahorro y de créditos abiertas en entidades bancarias a nombre de ANV y del PCTV, así como de cuantas subvenciones estatales, autonómicas o locales les correspondan.

También embarga cuantos derechos, bienes o participaciones puedan poseer en instituciones de crédito o ahorro y cualesquiera otros de carácter inmobiliario.

El Supremo designará a tres liquidadores de entre los seis funcionarios del cuerpo superior de inspectores de finanzas del Estado que proponga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Sala del 61 también reclamará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la relación de bienes y derechos intervenidos o embargos a ANV y el PCTV en los procedimientos seguidos por éste.




SÓLO VELASCO DETERMINARÁ SI HUBO DELITO




El juez Eloy Velasco ha contestado al de Belfast Tom Burgess que sólo le corresponde al instructor de la causa abierta en España contra el ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos determinar si es delictiva la carta leída en su nombre en San Sebastián el día de su excarcelación, el pasado 2 de agosto. 

En su respuesta a una petición del juez de Belfast para que le aclarara diversos aspectos de la misiva, Velasco, que defiende el carácter delictivo de la misma, advierte a Burgess de que su análisis “sólo puede consistir en un breve examen de la tipificación de lo imputado” porque “el enjuiciamiento en concreto es misión exclusiva” del que reclama al acusado. 

Hace una semana, Burgess decidió mantener en libertad bajo fianza a De Juana mientras aclaraba estas dudas.





INVESTIGARÁN SI HUBO HOMENAJE A 'ARGALA'




El fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza ha pedido un informe a la Ertzaintza para determinar si en el acto celebrado este domingo en Arrigorriaga (Vizcaya) se rindió homenaje al histórico dirigente etarra ya fallecido José Miguel Beñarán Argala, lo que sería constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. 

Zaragoza adoptó esta decisión tras conocer que el acto fue autorizado por el Gobierno vasco, con lo que considera que la información de lo allí ocurrido debe tenerla la Ertzaintza. 

Una vez reciba ese informe, el  fiscal decidirá si judicializa las diligencias informativas solicitando al juez Ismael Moreno que investigue el acto.




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