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Marbella

Muñoz asegura que el Consejo Social, aún no constituido, tendrá la última palabra en el asunto de los rascacielos

La polémica modificación puntual de elementos del PGOU, aprobada solo con los votos a favor del Partido Popular, que permitiría la construcción de rascacielos en Marbella sigue generando polémica e incertidumbre.

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La polémica modificación puntual de elementos del PGOU, aprobada solo con los votos a favor del Partido Popular, que permitiría la construcción de rascacielos en Marbella sigue generando polémica e incertidumbre.
La alcaldesa ha asegurado ante los medios que reunirá al Consejo Social de la Ciudad de Marbella. De ahí saldría la decisión definitiva. ¿Qué pasará si este órgano, formado por colectivos sociales, vecinales, empresariales y profesionales, entre otros, da la espalda a los bloques de hasta 50 plantas? "Se rechazará", afirma contundente Ángeles Muñoz.
La primera edil ha indicado que aunque este organismo no es vinculante a nivel legal, sí es decisivo para su equipo de Gobierno.
Unas declaraciones que demuestran un talante dialogante. Sin embargo, las palabras del portavoz de los socialistas nos dejaban boquiabiertos.
"El Consejo Social ni siquiera está constituido", asegura José Bernal.
Fuentes municipales nos han indicado que, efectivamente, el Consejo Social fue aprobado en Pleno en octubre de 2012. Sin embargo, es cierto que hasta la fecha aún no se ha constituido.

Muñoz ha asegurado que no habrá, bajo ningún concepto, aumento de los volúmenes de edificabilidad, ni del número de viviendas. El espacio será siempre igual que si la construcción fuera en superficie.

Pero el PSOE no lo ve de esta misma forma. Insisten en que habrá un cambio en el modelo urbanístico de la ciudad.

Precisamente por ello los socialistas han abierto un proceso de diálogo con los agentes implicados, desde con los redactores del PGOU, hasta miembros del colegio de arquitectos pasando por todo tipo de colectivos sociales y económicos. Y se presentará una alegación para evitar que siga adelante la modificación del Plan Urbanístico pues es el Ayuntamiento y no la Junta de Andalucía quien tiene la última palabra en este cambio.

Los socialistas además se han preguntado si hay intereses económicos detrás de la decisión del equipo de Gobierno.

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