La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar desde este lunes y durante varios días a un hombre acusado de estafar a varios compradores con la venta de teléfonos móviles a través de Internet. La Fiscalía solicita que se le imponga una pena de tres años de prisión.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado era socio y administrador único de una empresa dedicada a la venta de móviles a través de la Red, para lo que daba "apariencia de solvencia y seriedad a sabiendas de que carecía de ello".

Presuntamente, una vez que recibía el dinero, el acusado "no enviaba" el pedido "ni devolvía" lo entregado por los clientes, señala la acusación pública. En este caso, se le juzga por la supuesta estafa a ocho personas, de las que recibió distintas cantidades, que oscilan entre los 160 y los 600 euros; aunque tiene pendientes otras causas.

Las compras se hacían a través de la página web creada para ello, en la que se hacía constar que la fecha de entrega de los pedidos era entre siete y 15 días, pero los denunciantes, tras pasar ese tiempo, "no recibieron nada", según pone de manifiesto el ministerio fiscal en su escrito inicial.

Los denunciantes se pusieron en contacto mediante correo electrónico y el acusado contestó que "debido al volumen de trabajo que tenía la empresa, los pedidos se iban a retrasar, lo cual era falso --según el fiscal--, pues desde el primer momento los aparatos no estaban a disposición del procesado".

Asimismo, se indica que en la dirección postal facilitada no existía ninguna empresa y en el número de teléfono de contacto "nadie contestó a las llamadas" realizadas por los perjudicados, señalando el ministerio público que a pesar de no tener los aparatos, el acusado "no reintegró el dinero recibido".

Tampoco impidió que otros usuarios de la web siguieran realizando compras, "resultando engañadas otras muchas personas en España"; denuncias que se siguen en distintos juzgados de otras zonas del país, señala el fiscal, apuntando que hasta 2016 la Policía Nacional detecto 248 perjudicados y cuantificó los perjuicios globales de estos en 160.095 euros.

La Fiscalía acusa a este empresario por un delito de estafa continuada, solicitando una pena de tres años de prisión y que indemnice a cada uno de los perjudicados con la cantidad que entregaron, que en global supone unos 2.611 euros. El juicio está previsto que se celebre de lunes a miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia.