La Policía Nacional ha llevado a cabo, en colaboración con Reino Unido, Dinamarca y Europol, la mayor operación europea contra la distribución ilegal de señal por IPTV (Televisión por IP-Internet), en la que han sido arrestadas cinco personas -tres en España- y desmanteladas once “granjas” de servidores distribuidas por todo el mundo que dieron un beneficio de ocho millones de euros.
Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la propiedad intelectual, defraudación al fluido de las telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Los pingües beneficios de la actividad ilegal les permitía residir en urbanizaciones de lujo de la costa malagueña y usar vehículos de alta gama que eran renovados continuamente.
Además desde 2013 habían desviado más de 1,6 millones de euros a sociedades ubicadas en el extranjero, ha precisado la Policía, que destaca que se trata de la mayor operación realizada hasta la fecha a nivel europeo contra este delito, con la que se ha puesto fin a una infraestructura tecnológica internacional muy compleja compuesta por once “granjas” de servidores distribuidas por todo el mundo, algunas de ellas con más de 44 servidores.
La investigación comenzó a finales de 2015 tras la denuncia presentada por la Premier League por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga que ofrecía suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales internacionales.
Los agentes comprobaron que se trataba de un entramado de gran envergadura que ofrecía suscripciones que permitían ver más de 800 canales, obras audiovisuales protegidas y a un listado de emisoras de radios extranjeras. El precio de las suscripciones variaba no solo por el tipo de suscripción, sino por el tiempo de abono a la misma y oscilaba de los 40 euros mensuales a los 460.
Los agentes también se percataron de que a la página web denunciada había asociados varios perfiles en redes sociales para promocionar sus servicios, y de que había una veintena de páginas más, todas ellas con titulares españoles pero con la obligación de pagar las suscripciones a una sociedad gibraltareña.
Se determinó que se trataba de un entramado societario y de páginas web coordinado por una organización criminal especializada de carácter internacional con ramificaciones en España, Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Países Bajos y Chipre.
Para dificultar el rastro cada vez mostraban menos el contenido ofrecido y que, además, estaban contratando sistemas de anonimización. Habían evolucionado tecnológicamente de manera que podían aumentar el volumen de clientela.
Y para dar apariencia de legalidad al negocio y blanquear los beneficios, creaban empresas con actividad lícita y con un objeto social relacionado con la provisión de servicios de telecomunicaciones, internet y hardware.
Los ahora arrestados contaban con socios o personal de confianza en Dinamarca, donde se encontraba la otra rama más relevante de la actividad, dedicada principalmente al apoyo técnico.
La operación ha finalizado con la práctica de 14 registros simultáneos: ocho en España (provincias de Málaga, Madrid y Alicante), cuatro en Dinamarca y dos en Reino Unido. Han sido arrestadas cinco personas, tres de ellas en España que han ingresado en prisión.
