La Fiscalía de Málaga ha solicitado penas de cárcel e internamiento en un centro médico adecuado para un usuario de una residencia para personas con discapacidad intelectual de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, al acusarlo de acabar con la vida de otro residente de esta instalación tras una discusión ocurrida cuando ambos estaban en el jardín. Además, se pide que indemnice a los familiares de la víctima con 10.000 euros.

   Los hechos sucedieron en marzo del pasado año 2013 en dicho centro. La discusión se inició por motivos que se desconocen, pero en el transcurso de la misma, dice el fiscal en sus conclusiones iniciales, el acusado, "aprovechando el deterioro físico y mental" del otro, "le propinó varios golpes, que le hicieron caer al suelo, donde le dio fuertes pisotones", que le produjeron heridas que le causaron la muerte al día siguiente.

   El acusado, según precisa el ministerio público en su calificación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, padece un cuadro de debilidad mental que "le ocasiona importantes trastornos de conducta, agravados por el consumo de alcohol, drogas y medicamentos, que le han ocasionado frecuentes episodios de heteroagresividad". Esto, en el momento de los hechos, disminuía sus facultades, aunque no las anulaba.

   Además, en el momento de los hechos, este hombre estaba inmerso, a causa de sus dolencias y situación familiar, en proceso de incapacitación civil seguido en un Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vélez-Málaga. El fallecido padecía síndrome de Down, con gran nivel de dependencia y con graves limitaciones comunicativas, además de desorientación e incapacidad para desarrollar actividad ocupacional.

   Para la acusación pública, los hechos son constitutivos de un delito de asesinato, pero considera que existe una eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica. Por esto, el fiscal solicita inicialmente que se le impongan seis años de prisión, seis años de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado a la anomalía o alteración psíquica que padece.

   Asimismo, pide que se indemnice al heredero de la víctima con la cantidad de 10.000 euros. El juicio se celebrará en septiembre por el procedimiento de la Ley del Jurado, por lo que será un tribunal popular el encargado de enjuiciar estos hechos y al acusado.