Según los denunciantes, Aguilera habría llamado a su despacho a los funcionarios y amenazado con despedirlos a ellos y a la mujer de uno de los mismos, que también es funcionaria, si revelaba que dos policías locales, el entonces jefe operativo del cuerpo municipal David Iria y el cabo Carlos Fernández Carrasco, habían participado en los daños causados a un vehículo intervenido durante una operación policial.
Este hecho se relaciona con la supuesta agresión a un agente de la Policía Local de La Línea, al parecer como venganza por una actuación policial que acabó con una multa ocurrida en el mes de diciembre de 2000.
En aquellas fechas, el agente, que iba de paisano, fue atropellado por un Volkswagen Golf que iba ocupado por varias personas. El subinspector y jefe operativo del cuerpo municipal, David Iria González, afirmó durante el juicio que había recibido una llamada de su superior un sábado por la mañana para alertarle del hecho, y entonces ordenó que se montase un dispositivo para detener a los responsables.
Si bien la Policía Nacional había abierto ya diligencias en relación a la agresión al agente, la Policía Local siguió adelante con el operativo y logró identificar el vehículo mal estacionado en la acera en la calle Magallanes, ubicada en la barriada de San Bernardo.
Posteriormente, se llamó al servicio de Grúa Municipal para recoger el vehículo.Una vez en el depósito municipal, Iria y Fernández Carrasco acudieron, junto con otros seis policías, a estas dependencias, ubicadas en un descampado a varios kilómetros del núcleo urbano de La Línea, para inspeccionar el vehículo.
Una vez allí, según declararon los empleados de la grúa, Fernández Carrasco comenzó a golpear el coche con su defensa, rompiendo el cristal trasero derecho y produciendo daños en faros y parte frontal del vehículo. Por estos hechos, se pide a ambos nueve años de inhabilitación para el ejercicio de su cargo.
Cambio de declaración
Sin embargo, esta declaración difiere de lo que inicialmente habían dicho los funcionarios de la grúa que habían participado en el transporte y la custodia del vehículo, Antonio López, Francisco Méndez y Manuel Sanchís.
Los mismos que después reconocían haber asistido como testigos directos a los destrozos del vehículo participaban en la elaboración de un expediente informativo que nació de la denuncia presentada por el ex policía local José Carrión.
En el proceso se presentó, incluso, la prueba documental en la que uno de los empleados de la grúa daba entrada al vehículo con “desperfectos varios”. Además, los policías mantienen en todo momento que los daños ya estaban en el vehículo cuando se lo llevó la grúa, y que fue precisamente la rotura encontrada en la luna trasera derecha lo que permitió que Fernández pudiese inspeccionar el interior y sacar documentación valiosa para la investigación, como el papel de la denuncia que hizo el policía agredido, que podía probar la vinculación de los ocupantes del vehículo con la agresión.
Preguntado por el fiscal sobre por qué no habían dado parte del depósito del vehículo intervenido a la Policía Nacional, Iria remitió a la “falta de comunicación” entre las policías locales y nacional considerándolo como algo habitual, algo que llamó especialmente la atención del juez, como también llamó la atención de la sala el hecho de que el jefe policial llamase a seis agentes para dar “nuevas instrucciones” sobre el procedimiento a aseguir en el depósito en lugar de hacerlo en las dependencias policiales, pese a estar a kilómetros de distancia.
Incongruencia
Otro punto en discordia durante la vista de ayer fue el testimonio de Antonio López, uno de los gruistas, quien no fue capaz de confirmar si las supuestas amenazas de Aguilera tuvieron lugar antes o después de cambiar su versión de los hechos. Por su parte, Aguilera mantiene que efectivamente mantuvo una conversación con los empleados, eso sí, días después de que declarasen ante el juzgado culpando a los policías de la acción ilegal y el hecho fuese publicado en los medios de comunicación.
Aguilera apuntó también durante el juicio que supo de la agresión al policía en su momento, pero que no le fue comunicado el episodio del coche hasta la denuncia interpuesta por Carrión, varios meses después.
Por su parte, la propietaria del vehículo testificó que tenía 16 años cuando le regalaron el coche, y que había comenzado a sacarse el carné para avanzarlo poco a poco. Aseveró que el coche estaba perfectamente cuando lo vio por última vez, la noche antes de los hechos, y que una amiga le dijo que había visto desde la ventana cómo los agentes manoseaban el coche en la misma calle.
Uno de los próximos testigos será un policía local al que el juez tuvo que pedir que saliese de la sala porque estaba citado, tal y como lo identificó uno de los abogados defensores. Él aseveró que había estado de baja y no se le había comunicado la citación. La de ayer fue la primera de las tres sesiones del juicio, que tendrá continuidad hoy y el próximo jueves con el resto de testimonios hasta completar los 16 previstos.
A preguntas de su abogado, Javier Saavedra, el concejal Manuel Aguilera recordó que José Carrión había ocupado “un puesto de importancia” en el Ayuntamiento, y que fue precisamente Iria, uno de los acusados, quien “le quitó los galones”. Asimismo, Aguilera apuntó las denuncias que ha recibido por parte de este hombre, de quien dijo que llegó a decir “que acabaría conmigo”.
De igual modo, hizo referencia a la supuesta relación entre Carrión y el gruista Antonio López como delegados sindicales de UGT.
Amenazas
Respecto a las acusaciones de amenazas y coacciones, Aguilera aseveró que la susodicha reunión tuvo lugar después de que los gruistas cambiasen su declaración, y reconoce que en la misma les dijo que les despediría “a ellos y a los policías locales” por “haber ocultado durante tanto tiempo una información como esa”. Sin embargo, no reconoció en ningún momento haber citado a la esposa de uno de los empleados, también funcionaria.
De hecho, y como se encargó de resaltar Saavedra durante el proceso y confirmaron los propios acusadores, ni los gruistas ni la mujer han sido despedidos durante estos años. Aguilera incidió en que el abogado de López, Pedro Osuna, estaba presente cuando se llevó a cabo la reunión con los empleados de la grúa.
