El candidato de Foro a la Alcaldía de Jerez en las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, Raúl Ramírez, ha querido dejar clara la posición de esta organización política ante una nueva "presunta irregularidad” en una gestión del gobierno municipal “marcada permanentemente por el oscurantismo y la opacidad”. Tras conocerse hace unos días que la Junta de Andalucía ha requerido al gobierno local del PP para que aclare el procedimiento de contratación seguido en el pasado mes de enero para el servicio de dirección letrada de los procedimientos individuales derivados del ERE municipal, el alcaldable de Foro ha exigido tener acceso al expediente completo de una adjudicación que, “mediante un nuevo procedimiento negociado sin publicidad”, fue a parar a manos de Deloitte. “Éste representa el cuarto contrato que esta empresa firma con el Consistorio en apenas dos años y medio y por los que ya lleva ingresados más de 220.000 euros de dinero público”, según ha detallado Ramírez en rueda de prensa, para añadir: “Esta adjudicación, hecha en dos juntas de gobierno local a las que curiosamente no asistieron ni Pelayo ni su ‘mano derecha’ Antonio Saldaña, huele mal por mucho que diga el PP de la señora García-Pelayo, de ahí que queramos recabar todo el expediente para, si cabe, trasladarlo en forma de escrito denuncia dirigido al Ministerio Fiscal”.
Foro "ha podido saber que el expediente de contratación de Deloitte para defender al gobierno local de su ERE arbitrario en las demandas individuales no cuenta, para colmo, con el preceptivo informe de la secretaría del Ayuntamiento”. “Pero es que, como marca la Ley de Contratos del Sector Público, tampoco hay, en su defecto, informe jurídico que debe estar firmado por un funcionario de la administración pública”, ha agregado ante la prensa. “Se trata de otra presunta irregularidad en esta contratación que se suma –ha recordado- al hecho de que se recurra a un procedimiento negociado sin publicidad alegando la urgencia extraordinaria del contrato, y que también se suma a la extrañísima circunstancia de no haber cumplido con la exigencia legal de invitar a tres empresas al procedimiento negociado sin publicidad, ya que solo se invitó a Deloitte "por ser la única capacitada". Primero, ha puntualizado el alcaldable de Foro, “nos parece increíble hacer esa aseveración frente a la cantidad de bufetes que existen en nuestro país, pero es que además el hecho es aún más aberrante si se tiene en cuenta que el Gabinete Jurídico Municipal estaba dispuesto a asumir la defensa y ahorrar al Ayuntamiento más de 120.000 euros de dinero público”.
En cuanto a la urgencia, Ramírez rememora que “el 23 de enero de 2015 se alega la urgencia extraordinaria del contrato cuando hacía meses, desde septiembre aproximadamente, que se sabía que los trabajadores acudirían a las demandas individuales: ¿quién firma ese informe que avala la urgencia de la contratación?” A todo esto, teniendo en cuenta que esta misma semana arranca el plazo legal para que el Ayuntamiento recurra las sentencias declaradas improcedentes y que dan la razón a los trabajadores afectados, el candidato se ha preguntado “si hay que volver a contratar un asesoramiento jurídico externo para acudir al TSJA; cómo se va a realizar el procedimiento; y si se le volverá a dar a Deloitte”.
“¿Nuevamente van a darle a dedo a Deloitte otro contrato en la defensa de los recursos ante el TSJA? Nos gustaría que se aclarara esto porque el futuro de muchísimas familias jerezanas sigue en manos de este gobierno local después de dos años y medio de calvario, angustia y desesperación. Ya han dicho erre que erre que van a recurrir pero si no lo hicieran, aquellos afectados que hubiesen desestimado reclamar la nulidad de sus despidos se encontrarían con que sus sentencias de improcedencia se harían firmes y, probablemente, como también ya ha anunciado el PP, serían indemnizados”. “Un varapalo en las expectativas de unos afectados que lícitamente buscan su readmisión en sus puestos de trabajo; algo que defendemos ya que sería una auténtica vergüenza que el PP gastara más dinero público en costear despidos ilegales”, ha aseverado
