Las declaraciones de los dos exdelegados municipales de Fomento y Medio Rural del Gobierno de la exalcaldesa socialista Pilar Sánchez, Francisco Lebrero y María del Carmen Martínez, respectivamente, concentraron ayer en su totalidad la segunda sesión del juicio por el ‘caso PTA’ que acoge la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en la avenida Álvaro Domecq. Arrancó la mañana con algún que otro sobresalto después de que la presión pasase factura a Lebrero y al inicio de su interrogatorio sufriera un desvanecimiento que obligó a la sala a dar un receso de veinte minutos. Afortunadamente todo quedó en un susto y pudo retomar su declaración con normalidad. Eso sí, ni él ni Martínez despejaron demasiadas dudas a la hora de aclarar quién tenía atribuidas las competencias para decidir qué empresas se instalaban en el Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de acuerdo al cumplimiento de los criterios exigidos y a qué tanto por ciento de subvenciones podían optar en la compra de suelo.
Tanto fue así que la propia juez y presidenta del tribunal, Lourdes Marín, tuvo que intervenir en varias ocasiones cuando Martínez estaba declarando, después de que Lebrero señalara explícitamente a su departamento y ella hiciera lo propio con el área del que fuera su compañero de Gobierno. “Pero, ¿quién tenía las competencias?” “Se están tirando la pelota de uno a otro”. “Aquí tiene que mandar alguien”, les llegó a decir. Tanto la juez como el fiscal preguntaron también por la existencia de un segundo informe -el definitivo- firmado por un técnico municipal encargado del mantenimiento del edificio del PTA- también imputado- pero redactado por su jefe de departamento que se negó a rubricarlo. En él, se otorgaba la máxima puntuación (12) -mejorando los nueve iniciales del primero- a la empresa TISA para recibir una ayuda municipal de 244.000 euros para llevar a cabo una planta de fabricación de generadores de oxígeno. ¿Se amañó o nó este proceso? A este respecto, los dos exdelegados municipales negaron haber recibido instrucciones y haberse “confabulado” con la entonces alcaldesa, Pilar Sánchez, para que dieran orden de que se emitiesen un informe favorable a esta empresa para la concesión de esta ayuda.
En esta misma tónica, los dos exediles socialistas -para los que la Fiscalía y las acusaciones que ejercen la Abogacía del Estado y el Ayuntamiento de Jerez piden 4 años y medio de cárcel- rechazaron que conocieran a los tres empresarios de TISA que se sientan también en el banquillo, y haber mantenido con ellos cualquier reunión en sus respectivas delegaciones.
Tajantes
“Ni he tenido relación con TISA, ni con los técnicos de TISA, ni mis técnicos se han reunido con los técnicos de TISA”, dijo Lebrero tajante, tras advertir que su delegación “tenía otro área de trabajo”. “No soy técnico, no emito informes, deciden los técnicos”. Insistió además en que desde el Instituto de Desarrollo y Promoción de la Ciudad “nunca he tenido capacidad ni presupuesto para dar subvenciones”. Eso sí, admitió que asistió a varias comisiones técnicas de seguimiento en la que se abordaba la incorporación de empresas al PTA en función del protocolo firmado entre el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento en 2003 que derivó en un posterior convenio en 2005 pero “no tomó decisiones” ni tenía capacidad “para intervenir en otras delegaciones” como vicepresidente del IPDC.
Por su parte, Martínez explicó que se incorporó al Ayuntamiento en junio de 2008 (en su cargo le precedió el socialista Miguel Becerra) para estar al frente de la Delegación de Medio Rural y aseguró que “nunca participó en la adjudicación de terrenos para las empresas que se querían instalar”. En este punto, precisó también que las competencias “agroindustriales” desde la delegación que “estaba montando” se limitaban a las empresas que ya estaban instaladas en el PTA. A la espera de que este jueves declare Salvador R.M. técnico municipal acusado y aclare en qué condiciones firmó el informe de su superior en el que se adjudicaba la ayuda, Martínez explicó que las órdenes para que se rubricara dicho documento vinieron “de arriba”, en referencia al Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad del que Lebrero era vicepresidente y cuya sede estaba en la planta superior del edificio de Álvaro Domecq de La Moncloíta, en el que ambos realizaban su actividad.
Pilar Sánchez declara este jueves
No obstante, la exdelegada relató al tribunal que creyó que Salvador R.M, que pese a su condición de capataz del PTA tenía un despacho en su departamento, tenía “capacitación” para firmar el controvertido informe porque trabajaba a las órdenes de su jefe y que ni a ella ni a él se les ocurrió “poner en duda” el escrito que había elaborado su superior. Este capataz “se ofreció a firmarlo cuando se lo pedí”, dijo. Contó también que no le pidió explicaciones de por qué el técnico se negó a firmarlo, y atribuyó este comportamiento a su enfado porque la plaza de gerente del PTA, a la que aspiraba, había salido a concurso público al que no se presentó en la línea de lo que ha defendido la alcaldesa desde que se conoció su imputación.
De hecho, Martínez reconoció que las relaciones con el director de su departamento que no quiso firmar su informe eran “malas” por este hecho y que desde entonces dejó de ser efectivo en su trabajo e incluso se “autoapartó” de tener asignadas tareas. Añadió incluso que en el círculo político de la ciudad se tenía cierto “temor” a que “hiciera algo”. Un tema que, según dijo, habló con la alcaldesa, planteándose la posibilidad de abrir un expediente que se descartó también porque “no era el momento”, dados los graves conflictos laborales que había en el Ayuntamiento por los impagos de las nóminas debido a la crisis.
Se prevé que hoy acaben las testificales de los siete imputados con las declaraciones del técnico municipal que firmó el informe -para el que piden dos años y tres meses de prisión- y Sánchez, que se enfrenta a siete años de cárcel y 16 de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudale y falsedad documental.
