El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, admitió ayer que los plazos no van a permitir que el Ayuntamiento estrene unos nuevos presupuestos el próximo 1 de enero, aunque en cualquier cosa negó que ello pueda suponer algún tipo de problema toda vez que el documento aprobado recientemente ya contemplaba la posibilidad de que debiera prorrogarse.
Entre otras cosas, Saldaña justificó la imposibilidad de someter a debate unos nuevos presupuestos en la necesidad de recoger en el documento posibles modificaciones que se realicen en las condiciones de devolución de los préstamos solicitados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para saldar deudas contraídas con proveedores.
La propia alcaldesa, María José García-Pelayo, avanzó hace unos días que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja para facilitar la devolución de estos préstamos a los ayuntamientos que se encuentran en dificultades económicas. Entonces especuló con la posibilidad de que la rebaja de los intereses de la que se habla pudiera suponer para el Consistorio un ahorro anual de 20 millones de euros.
La Ciudad de la Justicia
Por otra parte, Saldaña volvió a demandar a la Junta de Andalucía que acepte las enmiendas presupuestarias presentadas por el PP-A, que entre otras cosas reclaman la construcción de la Ciudad de la Justicia.
El dirigente popular aludió a los compromisos adquiridos hace ya varios años por la Administración autonómica encaminados precisamente a la construcción de este equipamiento, recordando que el Ayuntamiento facilitó la cesión de terrenos a la Junta para hacer realidad un proyecto largamente esperado.
