Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz ha dado la razón al Grupo Municipal Socialista en la demanda interpuesta contra el nombramiento de un apoderado en el consejo de la sociedad que gestiona los Montes de Propios (Ememsa) al considerar que se le otorga poderes que vulneran la legalidad, por lo que ha declarado nulo el acuerdo adoptado por el consejo de administración celebrado el 31 de octubre del año pasado en el que se hace efectiva su incorporación a esta sociedad.
El concejal socialista Juan Pedro Crisol ha explicado hoy en rueda de prensa que en la demanda interpuesta, el Grupo Municipal Socialista denunció fraude de ley en el otorgamiento de poderes en uno de los nuevos nombramientos realizados por el PP en la sociedad que gestiona los Montes de Propios y argumentaba que el PP llevó a cabo en solitario una modificación de los estatutos de esta sociedad para suprimir al gerente y crear la figura de “apoderado” retribuido, pese a no contar con el quórum necesario en el consejo de administración. Para ello, aclaró que el PP recurrió a un fraude de ley utilizando la figura de poder que sólo se contempla su uso para causas muy específicas, otorgando de amplios poderes a un consejero del PP que en la práctica lo convierte en un apoderado de los Montes de Propios, vulnerando así la Ley de Sociedades de Capital que exige mayoría cualificada de dos tercios del consejo.
Estos poderes, según argumentó, facultaban a este consejero a llevar a cabo actividades mercantiles de todo tipo, administrar los recursos y bienes de la empresa, gestión de personal mediante contrataciones, retribuciones, convenios, ceses y sanciones, entre otras muchas facultades, y todo esto dándose la circunstancia de que es una persona privada y externa al Ayuntamiento que suplantará las funciones que son propias de los trabajadores y técnicos municipales y sin que medie ningún tipo de relación laboral con Ememsa. Ante estas circunstancias, Crisol aseguró que el Grupo Municipal Socialista exigió en la demanda el estricto cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y denunció el "uso torticero" de la figura legal del poder para salvar la exigencia de un quórum especial con el que el Partido Popular no contaba en el seno del consejo de administración de esta sociedad.
La sentencia, según el edil socialista, estima íntegramente la demanda y declara nulo el acuerdo adoptado por el consejo, “por lo tanto el acuerdo no ha existido y se declara nulo por incumplimiento de la legalidad vigente”, además de destacar que queda claro que el PP comete un “fraude de ley”, a pesar de las advertencias que en su momento realizó desde este grupo municipal. A todo ello, añadió que “el Gobierno del PP no sólo comete un fraude de ley sino que es un fraude en sí mismo, puesto que engañaron a los ciudadanos prometiendo soluciones en campaña que un año después estamos viendo que son un engaño”. “En el transcurso del ejercicio del poder -prosiguió- el PP utiliza la soberbia y la prepotencia no solamente con absoluto desprecio a las posiciones de la oposición que, en este caso concreto su señoría nos ha dado la razón, luego podían haber tenido un poquito de humildad, de diálogo y de ponerse en el lugar del otro y respetar las funciones legales de oposición, pero no contentos con eso lo aplican saltándose olímpicamente la normativa y aplicando la prepotencia y la soberbia que están demostrando en este año de gobierno”.
Crisol abundó en que el Grupo Municipal Socialista lamenta tener en Jerez un gobierno que “no respeta a la oposición y que no dialoga ni con la oposición, ni con los sindicatos ni con los representantes sociales de la ciudad y que está llevando a Jerez a altos niveles de crispación y de descrédito a los que los está llevando”. Reiteró que “lamentamos la sentencia, porque aunque nos haya dado la razón, es el Gobierno de Jerez y, por tanto queremos para la ciudad todo o mejor”. Así, añadió que como oposición, el Grupo Socialista “aporta, opina, advierte y propone y se encuentra siempre un Gobierno que no escucha y responde siempre con insultos y desprecio y que al final son los tribunales los que lo tienen que poner en su sitio”. “Este Gobierno del PP ha cometido un fraude de ley que es un fraude en sí mismo, como es prueba palpable esta sentencia”, matizó.
