En este contexto, la actuación que ha acometido el Ayuntamiento de Los Barrios para afrontar el pago de las nóminas que adeudaba a los trabajadores sienta un precedente significativo en relación a la posición que los consistorios están adoptando para asumir sus responsabilidades, y del que seguramente se deberían aprovechar consistorios como los de Jerez de la Frontera, Barbate o La Línea, por citar tres de los que peor lo están pasando con sus finanzas.
El alcalde barreño, el andalucista Jorge Romero, ha introducido una fórmula, cuanto menos, sorprendente, para salvar dicha situación. Ante la imposibilidad de hacer frente a la morosidad municipal para con sus trabajadores, ha recurrido a un prestamista particular para adquirir la solvencia económica suficiente para asumir sus responsabilidades.
Romero se hizo cargo del Ayuntamiento con una situación heredada de la gestión del anterior equipo de Gobierno del PSOE, en la que se le afrontaba el impago de varias mensualidades a la plantilla municipal.
La gestión ante distintas entidades financieras y los avales oportunos aportados por la Diputación Provincial de Cádiz fueron poniendo marches en los primeros meses de su gestión a esta situación, afrontando el pago de algunas de las mensualidades atrasadas.
La situación, sin embargo, se complicó a finales del pasado año, cuando, a las puertas de la Navidad, el Ayuntamiento de Los Barrios debía a su plantilla la nómina de noviembre, la extra de Navidad y cerraba el 2011 con serias dificultades para pagar la nómina de diciembre.
Esas dificultades, que nacen de la pérdida de confianza que los ayuntamientos presentan en la actualidad ante las entidades financieras, hizo que Romero se diera de bruces con la negativa de los bancos a formalizar una operación bancaria que le facilitara el pago de las nóminas.
Para articular dichos créditos, Romero puso en circulación un aval de 1,5 millones de euros que la Diputación Provincial de Cádiz, a través del Servicio Provincial de Recaudación, pagará al Ayuntamiento de Los Barrios a fecha de 1 de abril.
Estos avales de Diputación han sido la herramienta con la que, hasta ahora, los ayuntamientos negociaban con las distintas entidades financieras para acometer lo que se conoce como una operación de factoring.
A través de la misma, las entidades bancarias ponían a disposición de los ayuntamientos una cantidad algo menor de la que reflejan los avales para luego recibirla de manera íntegra. De esta forma, Romero trató de hacer valer dicho aval de 1,5 millones para, recibiendo algo menos de 1,4, devolver en abril el 100% de lo percibido por Diputación.
Mediante este procedimiento, los ayuntamientos obtenían la liquidez suficiente para afrontar sus deudas, mientras que las entidades financieras la entidad financieras obtenían beneficio de dichas operaciones, al percibir más cantidad de la prestada.
Ello, además, ateniéndose al hecho de que Diputación no ha incumplido aún ninguno de sus pagos, lo convertía en una fórmula sostenible para que las haciendas locales pudieran respirar.
La crisis, sin embargo, ha ido haciendo crecer la desconfianza de los bancos hacia ayuntamientos con problemas económicos, lo que hizo que Romero se topara de bruces con un colapso que le impedía afrontar el pago de las nóminas ante la creciente crispación de la plantilla municipal.
Prestamista
El primer edil barreño lanzó entonces un órdago en el mes de diciembre, en el que hizo un llamamiento a través de distintos frentes para cualquier persona o empresa que pudiera estar interesado en aportar su dinero en las mismas condiciones que la operación de factoring.
La maniobra representaba reemplazar a la entidad bancaria por un particular, de tal forma que el dinero invertido por el mismo se destinara a la hacienda local de Los Barrios para cumplir con sus obligaciones económicas, al tiempo que el empresario hacía negocio una vez que el Ayuntamiento recibía el pago de Diputación.
El órdago de Romero obtuvo, no obstante, sus frutos, y un conocido empresario algecireño se decidió a aportar la cantidad demandada, que posibilitó que Los Barrios pagara en los últimos días del año la nómina de noviembre, la extra de Navidad y 1.000 euros adelantados de diciembre.
Modelo de financiación
El estallido de la burbuja inmobiliaria hizo resentirse la recaudación de tributos de base cíclica de los ayuntamientos, como el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos o las licencias urbanísticas. Por otra parte, la PIE, principal fuente de ingresos vía transferencias, ha venido cayendo también dramáticamente al venir su cuantía vinculada al IRPF, IVA e impuestos especiales, duramente castigados también por la crisis. A ello se suma que el sistema funciona con un retardo de dos años.
El Gobierno ha adoptado ahora algunas medidas para paliar la situación de abandono económico que viven muchos ayuntamientos, una de las cuales se ha centrado en el decreto de Rajoy para la subida del IBI. Pero, en cualquier caso, el mensaje de austeridad sigue siendo la consigna que, no obstante, no es válida para sanear la economía en un momento como el actual, con la herencia económica adquirida. Por ello, sigue siendo necesario abordar la reforma de las leyes de Gobierno, para que clarifique competencias y funciones de los ayuntamientos, y de financiación local, para que se despejen incertidumbres sobre los acreedores.
Puerta abierta a proveedores
La fórmula ideada por el alcalde andalucista de Los Barrios, Jorge Romero, para afrontar el pago de las nóminas atrasadas en el municipio sienta un precedente interesante, no ya sólo desde el punto de vista de la morosidad local hacia sus plantillas, sino también hacia las empresas proveedoras de servicios.
No ya sólo desde que la situación económica empezara a adquirir tintes negativos en 2008, sino ya en los últimos años anteriores, las empresas que se dedicaban a ofrecer servicios a los ayuntamientos, fueron viendo como sus pagos se iban acumulando.
El estallido de la crisis, que ha sido especialmente duro en las haciendas locales, dejó a los ayuntamientos sin margen de maniobra para responder al dinero que les correspondía a dichas empresas, muchas de las cuales siguen viendo peligrar su propia subsistencia por dicha morosidad.
Los nuevos equipos de Gobierno de los ayuntamientos de la provincia, no obstante, han priorizado el pago de las nóminas dentro de su programación de saneamiento local, con lo que la situación de los proveedores se está viendo especialmente perjudicada en algunos municipios.
El principal problema radica en la forma de encontrar la liquidez suficiente con la que los consistorios puedan hacer frente a sus responsabilidades de pago, también en esta línea. Ahora, el Ayuntamiento de Los Barrios sienta un precedente a tener en cuenta, dado que la aportación de cantidades económicas por parte de particulares, en el marco de las operaciones facturing, puede permitir también a los consistorios dar una respuesta más allá de sus actuales planteamientos.
Este hecho podría poner pie en pared ante una situación muy grave, que está abocando a algunas de estas empresas proveedoras a no poder tampoco afrontar el pago de las nóminas de sus trabajadores y, en algunos casos, al cierre.
Concesionarias
Esta semana, en Cádiz capital, IU ha lamentado que el Ayuntamiento “siga atacando” y “poniendo en peligro” el empleo por los impagos a empresas que prestan servicios, considerando “muy grave” la renuncia de la empresa concesionaria Manuel García Ramírez a los servicios de limpieza municipales que prestaba, debido a la deuda que el consistorio mantiene con ella.
Al respecto, el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento, Sebastián Terrada, ha manifestado, a través de un comunicado, que “de nuevo” se ponen en peligro puestos de trabajo, diez en concreto, “un lujo” que en su opinión el Ayuntamiento no se puede permitir en la situación “dramática de crisis y desempleo que vivimos”.
Por ello, el edil insta al equipo de Gobierno a “subsanar” este problema “con carácter de urgencia”, para que las trabajadoras afectadas vean garantizado su puesto de trabajo, “bien si se arregla la situación con esta empresa o bien si se llega a un acuerdo con otra”.
Asimismo, critica que el Consistorio, “que tanto alardea de que los índices de desempleo son menores en Cádiz capital que en la provincia”, siga “atacando” y poniendo en peligro puestos de trabajo por impagos de cantidades “muy ridículas”, si las compara con lo que “derrocha” en otros conceptos “que nada aportan” como la propaganda institucional.
Terrada ha mostrado además su preocupación por “la situación de insalubridad”, para trabajadores y usuarios, que se va a crear en aquellos centros que desde este miércoles no contarán con servicio de limpieza, que son la Biblioteca Celestino Mutis, los centros de Asuntos Sociales de la calle Zaragoza y la Barriada de La Paz y el edificio Amaya.
El concejal de IU finaliza afirmando que es “muy irresponsable” por parte del Ayuntamiento “no haber querido hacer declaraciones sobre este tema una vez se ha conocido la noticia”, porque hay diez trabajadoras pendientes de una explicación sobre lo ocurrido y de saber que va a pasar con su puesto de trabajo.
Esta situación con las empresas concesionarias de servicios públicos no es exclusiva de Cádiz, siendo el de Jerez el que más problemas debe soportar al respecto. Las protestas de estas empresas concesionarias están a la orden del día en el municipio jerezano y en otros muchos municipios como El Puerto de Santa María o Barbate.
