Los representantes de los trabajadores de Jerez UTE, la concesionaria que atiende los servicios de limpieza viaria y recogida de basuras, están negociando ya con la empresa el nuevo convenio colectivo, toda vez que el vigente venció con la finalización del ejercicio 2023.
La negociación del nuevo convenio se antoja una nueva patata caliente para el Gobierno local, toda vez que aunque el comité negocia con la empresa, a nadie escapa que cualquier tipo de mejora precisará de un incremento del presupuesto destinado a atender estos servicios.
De momento, el comité no suelta prenda acerca de las reivindicaciones que va a defender en ese proceso de negociación, si bien ya se advierte de dos cuestiones que se antojan claves. De un lado, la plantilla no está dispuesta a que las conversaciones se alarguen en el tiempo más allá de lo estrictamente necesario.
De otro, se deja claro que los trabajadores quieren “recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos doce años”.
El primer aspecto es clave, dado que la negociación anterior se prolongó “por espacio de un año o año y medio” y la plantilla “no está dispuesta a esperar tanto tiempo”, según advierte ya Salvador Magán, que es el portavoz del comité de empresa.
Bien es cierto que entonces aquellas negociaciones coincidieron prácticamente con la crisis sanitaria motivada por el Covid-19 y de algún modo esta circunstancia condicionó las conversaciones.
Ahora se confía en que el proceso se culmine con mayor agilidad. De reojo, los trabajadores que cubren estos servicios han asistido a la firma de convenios por parte del Gobierno local con otros colectivos que han mejorado sustancialmente sus condiciones laborales.
Ahí están los ejemplos del acuerdo alcanzado con el personal laboral del propio Ayuntamiento, cuyos beneficios se extienden también a los funcionarios; o de los que se cerraron con las plantillas de la ayuda a domicilio o el transporte urbano, por citar los casos más significativos.
El objetivo de la plantilla es “recuperar el poder adquisitivo” perdido en los últimos años, algo que Magán entiende “de justicia”. “Llevamos varios años perdiendo dinero, porque ha todo el mundo le ha subido la cesta de la compra y nosotros estamos en una situación de práctica congelación. Los compañeros de los autobuses o de la ayuda a domicilio ya han tenido sus subidas y ahora toca que nos miren a nosotros”, apunta.
El personal es “consciente” de que hablar de incrementos salariales siempre “es complicado”, pero parte del convencimiento de que lo que se pide “es justo”, sobre todo porque “si hay aumento de presupuesto para ciertas ramas”, entienden que para ellos “también habrá”.
El convenio que se mantiene a día de hoy vigente no contempló mejoras salariales para el personal, que en la práctica conservaban las mismas condiciones que ya venían disfrutando con anterioridad. Eso sí, se garantizaba la aplicación de las revisiones salariales que pudiera aprobar el Consejo de Ministros para los funcionarios, ya que a estos trabajadores se les considera como tales.
Quizá la mayor novedad que aportó venía dada por el cambio del sistema aplicado para el disfrute del periodo de vacaciones. En el convenio anterior se contemplaba que ese periodo se extendiera desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, de modo que la empresa evitaba en la práctica la contratación eventual de trabajadores para suplir a quienes disfrutaban de ese descanso, viéndose obligados los empleados a marcharse de vacaciones en cualquier periodo del año, lo que dificultaba la conciliación de la vida laboral y familiar, toda vez que resultaba complicado hacer coincidir las vacaciones con las del resto de miembros de esa unidad familiar.
El convenio en vigor contempla que el periodo de vacaciones se extienda entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, lo que además de facilitar esa conciliación posibilita la contratación de personal eventual en los meses de verano, algo que también había demandado el comité. Ahora se quiere dar un paso más y mejorar también las condiciones salariales de la plantilla.
Pendientes del quinto contenedor
El portavoz del comité asegura no haber mantenido conversaciones con el Gobierno local a propósito de la negociación del convenio colectivo, pero sí está al tanto de sus planes de cara a la próxima entrada en servicio del quinto contenedor, o contenedor marrón, que lógicamente implicará un mayor coste para las arcas municipales.
La alcaldesa, María José García-Pelayo, ya ha firmado el contrato con Contenur, que fue la empresa a la que se le adjudicó por un importe de 1.290.102 euros (IVA incluido). La adjudicataria deberá suministrar 1.500 contenedores de carga lateral para la recogida selectiva de materia orgánica de 2.200 litros de capacidad, 2.500 cubos domiciliarios aireados de 25 litros y 100.000 bolsas compostables de uso doméstico.
Estos nuevos contenedores implicarán una modificación del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que justificará un incremento de la dotación presupuestaria de alrededor de dos millones al contemplarse la limpieza del entorno más próximo a los contenedores.
También se aprovechará para incrementar el número de horas de servicio destinadas a cubrir las necesidades generadas por los eventos que se celebren en la ciudad.
Como es lógico, la plantilla sigue de cerca estos movimientos, entre otras cosas porque la previsión del Gobierno local era que los primeros contenedores estuvieran ya en servicio a lo largo de este próximo abril, planteando una incorporación progresiva de las unidades comprometidas con la empresa adjudicataria del contrato.
El comité espera recibir mayor información sobre este procedimiento a lo largo de estas próximas semanas, coincidiendo con la negociación del convenio.
