El alcaldable del PA recordó que su partido ya denunció “deficiencias en el peso de los vehículos de la retirada, por las características de las grúas o que fueron parados en dos ocasiones por la Guardia Civil”.
Como consecuencia de ello, “la Secretaría del Ayuntamiento requirió, en noviembre y en diciembre a la Policía Local y a la concejala delegada de Protección Ciudadana, Cristina Garrido, para ver la valoración de los medios técnicos, materiales y humanos”.
El primer informe, “se refiere a las características del local donde se depositan los vehículos en el Cortijo Real y recoge que tiene 1.409 metros cuadrados, en lugar de los más de 2.000 que contemplaba el pliego de condiciones”.
El segundo, “se refiere falta de medios técnicos y humanos, relacionados con las mejoras planteadas en el concurso, según las propias características del pliego de condiciones”.
Para González, “ambos documentos, desgraciadamente, nos dan la razón porque es tan distinto lo planteado con la realidad de los informes que disparan todas las alarmas sobre la legalidad del proceso de adjudicación”. “Nos nos gusta judicializar, porque la política debe tener sus recursos para dar respuesta a este tipo de cuestiones”, matizó.
Control político
No obstante, añadió el alcaldable del PA, “remitiremos ambos documentos a Herrera porque mucho nos tememos que los desconoce”. También “nos ponemos a disposición del juzgado por si lo estima oportuno”.
A juicio del andalucista, “este es un proceso más de ilegitimidad a los que nos llega Garrido, que intenta mantener un control político que incide sobre otras áreas municipales, incluida la Alcaldía, y que propicia que se pierda la profesionalidad de la Policía Local, de cara a la ciudadanía”, concluyó.
