El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado este lunes la legalidad en el concurso para la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades de la provincia. El líder socialista ha remarcado que se ha realizado "a través de un concurso público" y ha supuesto un ahorro de seis millones de euros en cuatro años. "Por eso, lo hemos hecho así", ha asegurado.
En declaraciones a los periodistas, Caraballo se ha pronunciado sobre la publicación el pasado viernes en el diario ABC, que señala que la adjudicación del servicio, fragmentado por lotes, "ha recaído en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades, controladas por cargos del PSOE".
Caraballo ha dejado claro que van a decir que sí a la petición del PP de crear una comisión de investigación al respecto porque "nosotros no tenemos problemas y no tenemos nada que ocultar, ya que este concurso está en la web de la Diputación, es público y todos lo conocen", indicando además que "la mesa estuvo formada por un diputado y cuatro técnicos porque el resto de grupos no se presentó", y éstos decidieron "por unanidad el mejor baremo, pasando la mesa de contratación y el pleno de la Diputación".
A su vez, ha dejado claro que "este lote aún no se ha adjudicado porque hay una empresa, que está en su derecho y ha puesto un recurso, y hasta que no se vea, no podemos adjudicarlo". A su juicio, esta empresa privada ha interpuesto el citado recurso porque "antes las empresas privadas tenían un chollo en la construcción y ésta ha pasado a un segundo plano", siendo su objetivo ahora "el agua, sanidad, educación y el servicio de la Dependencia, porque ahí sí hay dinero".
"Ellos lo que quieren es romper ese vínculo que tenemos con las empresas públicas donde no hay beneficios y vamos a un coste mucho más inferior, en detrimento de la adjudicación de empresas privadas", ha asegurado Caraballo.
En este punto, ha dejado claro que "la oferta de las mancomunidades suponen un ahorro de 1,5 millones de euros al año, seis en cuatro años, porque al ser mancomunidades y ser públicas no tienen reparto de beneficios", indicando además que estas dos entidades "se lo han ganado a pulso".
"Estamos abiertos a la comisión y al recurso y se volverán a analizar estos puntos que, según esta empresa privada, parece que no cumplimos". "Podríamos dar el servicio a cada mancomunidad, pero hemos querido hacer un concurso en el que todos tengan posibilidad y estas mancomunidades han ido más baratas", ha concluido.
