Hace seis meses, Aracena entera se movilizó para mostrar su apoyo al médico Óscar Rubio, que fue sancionado en febrero a un mes sin empleo y sueldo por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por temas administrativos.
Tras una recogida de firmas, una concentración que contó con el apoyo del alcalde de Aracena (PSOE), y protestas de los compañeros del centro de salud, seis meses después la Justicia le ha dado la razón a este médico, pues el Juzgado de lo Contencioso 1 de Huelva ha dictado una sentencia, con fecha de 12 de noviembre, en la que anula las cuatro sanciones que se impusieron a este facultativo.
En su momento, los compañeros de Rubio denunciaron en los medios que “los motivos por los que ha sido sancionado por el SAS son exclusivamente administrativos”, como no poner el año de nacimiento en algunas recetas, no registrar “ocasionalmente” recetas o diagnósticos en la historia informática, cuando son frecuentes “los fallos en el sistema informático”, y “el uso en dos ocasiones de sus recetas por otro médico del centro al compartir o ser sustituido en su consulta”. De hecho, criticaron que “en ningún caso hacen referencia a gasto o mala práctica médica”, y por ello, consideraron la sanción “injusta y excesiva”.
Ahora la Justicia lo exime de cualquier responsabilidad, pues según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Viva  Huelva, “en la actuación del demandante no ha existido ni culpabilidad ni responsabilidad”, entre otras razones, “por “a existencia de fallos en el sistema informático, por caída de la red eléctrica en dicha zona de Huelva, o situaciones de urgencia, visitas al asilo o avisos domiciliarios”.
Además, la sentencia da un doble tirón de orejas al SAS, ya que, por un lado, se señala que las anteriores situaciones “se podrían solucionar si, por los servicios correspondientes del SAS, se dotaran a dichos facultativos de los medios tecnológicos actuales, adecuados para prestar sus servicios en esas circunstancias”. Del mismo modo, en cuanto a la tipificación que hace la Administración sanitaria de las presuntas faltas cometidas, calificadas como graves, la sentencia dice que “tampoco ha quedado justificado por la Administración adecuadamente”.
En definitiva, la sentencia anula las sanciones impuestas por el SAS, y como en esta ocasión, la Administración tuvo gran celeridad a la hora de aplicarlas, ahora tendrá que devolver al médico el dinero no abonado con motivo de la suspensión de empleo y sueldo.
