El juicio contra una supuesta red, conformada por cuatro agentes de Medio Ambiente y por dueños de fincas, arrancará el próximo 18 de noviembre y está previsto que finalice el 29 de ese mismo mes. El fiscal los acusa de un delito continuado de omisión del deber de denunciar delitos y de cohecho, por lo que pide penas de cárcel de hasta seis años de prisión, inhabilitación durante un año y multas que ascienden hasta los 12.000 euros.
Según reza en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a finales de 2005 cuando estos funcionarios, con distintas categorías laborales dentro del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, prestaban sus servicios en la Unidad Biogeográfica número dos de la zona de Moguer y Palos de la Frontera -desde septiembre de 2007 en la denominada Unidad Biogeográfica Costa y Espacios Litorales-, y se concertaron entre sí para con grave incumplimiento de sus deberes y funciones públicas, obtener beneficios de toda índole.
El Ministerio Fiscal considera que los acusados, perfectos conocedores de la zona, por llevar años trabajando en ella, habían trabado relaciones con dueños y encargados de fincas y de empresas, a los que interesaba "tenerlos de su parte para que no denunciasen las posibles irregularidades; infracciones y delitos, que cometiesen en sus respectivas actividades".
A finales del año 2005 los procesados, y especialmente el coordinador de la unidad, fueron comisionados por la Delegación de Medio Ambiente para, además de sus funciones habituales, a revisar los límites y extensión de las fincas de canon de su zona y ver si respetaban el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), por existir en ese momento "una grave preocupación" de la Administración Autonómica por los cambios de uso de forestal agrícola con la consiguiente disminución de la extensión de Monte Público y el crecimiento descontrolado de la agricultura de frutos rojos.
En aquellas fechas, años 2005 a 2007, y tras varios contactos y reuniones, según indica el fiscal, los acusados solicitaron y recibieron ofrecimientos de varios dueños de fincas y de ciertas empresas de la zona con el fin de no denunciar los distintos cambios de uso, construcciones ilegales y vertidos que realizaban en sus terrenos.
Por ello, señala que el coordinador de la unidad intentó que los agentes que no controlaba no inspeccionasen dichas fincas y empresas, dando incluso la orden de que no hubiese agentes en la zona de Moguer después de las 18,00 horas, intentando que las fichas de ciertas fincas las hiciesen bajo su control y el de los agentes acusados, aunque no les correspondiese.
En todo lo anterior participaban otros cuatro acusados propietarios-administradores de las fincas agrícolas de la zona, que ofrecían dinero en metálico a estos agentes, uno de ellos hasta 12.000 euros, para evitar las denuncias y, dado que todos ellos estaban ampliando la superficie cultivable ocupando monte público o realizaban construcciones sin licencias-autorizaciones, empezaron a tener distintas atenciones con ellos.
Del mismo modo, como tres de los agentes mantenían relaciones sentimentales con trabajadoras de estas fincas, todas ellas extranjeras que venían para las campañas de la fresa, empezaron a favorecerlas en relación con otras trabajadoras, de tal forma que los dueños de las fincas no sólo facilitaban que los acusados las vieran y mantuvieran relaciones en los alojamientos de sus fincas, sino que incluso les facilitaron alojamientos individuales y otras ventajas laborales.
El fiscal apunta a su vez que todas las irregularidades fueron denunciadas por otros agentes de medio ambiente de la misma unidad ante la Delegación Provincial, que dio cuenta a la unidad adscrita de Policía, la cual investigó los hechos, constató las irregularidades y delitos cometidos en las fincas mencionadas y detuvo a los agentes acusados en junio de 2008, estando los mismos suspendidos de funciones hasta el 30 de octubre de 2008.
